La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado difundido hoy, recordó que este domingo tendrá lugar la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que Guaidó también buscará la reelección, como paso necesario para mantener el pulso con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«El Gobierno del Ecuador reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único poder legítimo, por haber sido elegido democráticamente, y en tal virtud a su presidente actual, Juan Guaidó, como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela», precisa el comunicado oficial.
El régimen de Maduro, afirma la Cancillería en el escrito, «ha tomado múltiples medidas coercitivas contra miembros de la Asamblea Nacional, violando la inmunidad parlamentaria de alrededor de treinta diputados».
El Gobierno ecuatoriano «condena esos atropellos y exige el cese inmediato de la persecución, prisión e incluso incomunicación de algunos parlamentarios como Edgar Zambrano, Roberto Marrero, Juan Requesens y Gilbert Caro», añadió en el comunicado.
Ecuador, un país comprometido con «la defensa de las libertades fundamentales y la democracia en el continente», formula votos «por que la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional venezolana se produzca de manera libre, segura y sin impedimentos o coerciones», insistió la Cancillería.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló el pasado 19 de diciembre una norma adoptada por el Parlamento, de mayoría opositora, que modificaba su reglamento para permitir que los diputados que se encuentren fuera del país pudieran participar de forma virtual en la votación de este domingo.
El Parlamento necesita la presencia de la mitad más uno del total de los 167 diputados para que se lleven a cabo las sesiones: 84 parlamentarios imprescindibles para que se llegue al quórum requerido para seguir funcionando y que está amenazado, puesto que varios de ellos han huido del país.
La decisión de la Asamblea busca facilitar que voten aquellos diputados que se encuentran fuera del país «por motivos de persecución política u otra de fuerza mayor», una situación en la que se encuentran varios de los parlamentarios.
Pero el Supremo consideró que la Asamblea «ha pretendido violentar las bases constituciones y republicanas del Estado venezolano» al «intentar desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputado a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias». EFE
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