La ONG, además de ordenar a los países por su grado de transparencia, destaca en esta ocasión el creciente hartazgo de la población con la corrupción, que está cristalizando en múltiples protestas por todo el mundo.
El informe resalta que «las protestas, de América Latina al Norte de África, de Europa oriental a Asia central, coparon titulares cuando los ciudadanos marcharon en Santiago (de Chile), Praga, Beirut y otras ciudades para dar voz a su frustración en las calles».
Por eso, prosigue el texto, «es esencial mantener al ‘gran dinero’ fuera de la política para asegurar que los procesos de decisión se hagan en favor de la ciudadanía y para limitar las opciones de la corrupción». En riesgo está, advierte la organización, la democracia en su conjunto.
Tras Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo. En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).
En América Latina, Uruguay (puesto 21, 71 puntos) y Chile (puesto 26, 67 puntos) repiten como los países de la región percibidos como menos corruptos, mientras que en el extremo opuesto, experimentando además grandes caídas, se encuentran Venezuela (puesto 173, 16 puntos) y Nicaragua (puesto 161, 22 puntos).
Entre medias, se sitúan Costa Rica (56 puntos), Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38), Colombia (37), Panamá y Perú (36), Brasil (35), El Salvador (34), Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28), Guatemala y Honduras (26).
Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las «puertas giratorias» y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones. EFE
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