“Dentro de los postulantes viene información que no sirve, no es válida y se debe de limpiar. Luego se debe de hacer el cruzamiento, de 56.000 que se envió 2.000 tenían problemas judiciales o que estaban recluidos. En la primera tanda excluimos a una persona privada de libertad en San Pedro”, señaló.
“Las compañías tienen 96 horas para remitir el listado y se va a poder publicar si cobraron, pero si alguien hace la denuncia que no merece en el portal de anticorrupción entonces la trazabilidad del dinero está garantizada, es decir la Justicia va a poder llegar y reclamar de que se pague”, explicó.
Roa manifestó que apuestan a la tecnología y que este se debe de realizar un proceso donde se tenga que cuidar los detalles para que la transferencia le llegue a quien más necesita.
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