«Está bien, incumplimos el decreto presidencial pero no debían tratarnos como delincuentes. Abusaron, nos humillaron. Fue demasiado humillante, estamos muy dolidos. Somos todos trabajadores, los chicos son estudiosos», refirió la denunciante.
Trece personas fueron imputadas en este caso por incumplimiento del decreto presidencial. Actualmente, todos cuentan con seis meses de prisión domiciliaria.
Explicó que en el lugar de la celebración de la boda, viven nueve personas y que, además de los novios, solo vinieron dos hermanas de la novia, ni siquiera estuvieron presentes los padres de la misma ya que el padre debía someterse a una intervención quirúrgica. «El papá de la novia es un señor enfermo, el martes se operó del corazón y ese fue el motivo de que apuraran la boda», contó.
La mujer relató que fueron siete patrulleras las involucradas en el allanamiento el día de la boda y que llegaron diciendo que mejor colaboren porque tenían rodeado el domicilio. «Hasta en el patio trasero estaban», acotó.
Reafirmó que los novios habían hablado con las autoridades previamente y que tenían autorización para la realización de la ceremonia. «Ellos tenían la orden para casarse y mostraron y les dijeron que no les valía», finalizó.
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