“Las conductas atribuidas a la titular de la Fiscalía General del Estado, constituyen una clara violación de derechos fundamentales y normas constitucionales”, dice una parte de la acusación y, añade que “se ha quebrado la confianza de la ciudadanía hacia su persona e investidura”.
El pedido hace referencia a varios temas, como los supuestos privilegios otorgados por Quiñonez, al empresario Karim Salum, la dilación en los casos Rodrigo Quintana, Curuguaty, Metrobús entre otros.
Caso Karin Salum
“La conducta atribuida a la Dra. Quiñonez, ha constituido un escándalo grosero por haber utilizado, indebidamente, su cargo, extralimitándose en sus funciones para favorecer intereses particulares”, dice el escrito que repudia el supuesto trato preferencial que habría recibido el empresario, tras su retorno de los EE.UU. en plena cuarentena sanitaria.
Salum no guardó cuarentena obligatoria en albergues especiales, por expreso pedido, según la acusación, de la fiscala general del Estado.
Caso Metrobús
La actuación del Ministerio Público en el caso Metrobús, se desarrolla dentro de un proceso excesivo y llamativamente lento y confuso, dice la acusación fiscal.
Añade que a dos caños de la paralización de las obras, “no se han verificado indicios que conduzcan a sostener el interés de la Fiscalía por aclarar el caso, investigar y acusar a los responsables por el fracaso de la emblemática obra”.
Caso Rodrigo Quintana
Los hechos ocurridos durante la noche del 31 de marzo del 2017, que culminaron con la muerte de Rodrigo Quintana, entre otros varios hechos, siguen pendientes de investigación que clarifique lo sucedido, expresa el documento, que añade a la muerte del joven activista liberal “el asalto irregular a la sede del PLRA, el secuestro ilegal de 211 personas esa noche, las lesiones por tortura, lesiones por balas a ciudadanos manifestantes”, entre otros.
Caso Curuguaty
“La fiscal general del Estado ha sido protagonista de un enorme perjuicio institucional para distraer la atención de la pésima gestión que tuviera la Fiscalía en el Caso Curuguaty”, señala el documento.
En efecto, recuerda que la titular del Ministerio Público materializó una denuncia contra el ex magistrado, Arnaldo Martínez Prieto, hecho considerado como un “atentando contra la independencia del Poder Judicial”, teniendo en cuenta que el mencionado magistrado es el único juez que integró la sala penal de Corte Suprema de Justicia, por inhibición de sus miembros naturales y recusación de los conjueces que admitieron juzgar la causa.
El diputado Acosta sostuvo que el pedido obedece a que la fiscal ya no representa a los intereses e incurrió en “imputaciones selectivas”.
Al ser consultado sobre la cantidad de votos con los que se contaría en el pleno, indicó que en ocasiones hay factores externos y no políticos que influyen en los números, como la presión ciudadana.
A su turno, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Central), quien también se hizo presente en la entrega del documento, sostuvo que hay una pérdida de credibilidad por parte de la gente hacia Sandra Quiñonez lo que, claramente, se puede medir en redes sociales.
“En redes se puede testar el repudio de la ciudadanía hacia la fiscal, sobre todo, por la inacción en los casos que involucran compras irregulares de insumos médicos”, indicó la legisladora.
Juicio Político según la Constitución Nacional
El artículo 225, de la Constitución Nacional -Del procedimiento- expresa que las autoridades que serán removidas por juicio político son las siguientes: El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo,
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