El Tribunal de Sentencia está presidido por el Juez Penal de Sentencia Héctor Fabian Escobar y los Conjueces Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza. El suplente es el Magistrado Federico Rojas.
Esta causa de antigua data y respecto de la cual existe un riesgo de prescripción o extinción de la acción penal en alguna de las instancias posteriores al juicio, se atribuye a las acusadas Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera la autoría de los delitos en cuestión, que lo habrían cometido primeramente obteniendo resoluciones judiciales ilegales e ilegítimas que permitieron atropellar la sede social de la Asociación y si bien no lograron asumir cargos de manera formal, no obstante, sí pudieron acceder y disponer provisoriamente de una parte del patrimonio de la Asociación, oportunidad en la cual extrajeron y utilizaron discrecional e injustificadamente la suma de G. 1.240.971.000.- que estaba depositada en una cuenta corriente y en una caja de ahorro en el Banco Familiar S.A.E.C.A. y cuyo titular era la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes de Jubilados del Paraguay.
La acusación da cuenta que el dinero que lograron disponer las acusadas Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, fueron destinados en algunos casos para ellas mismas y en otros casos para diversas personas, pero por fines y motivos totalmente ajenos a los intereses sociales y patrimoniales de la citada Asociación, lo que según el Ministerio Público y la Querella Adhesiva constituyó un desapoderamiento de dinero totalmente ilegal y además causó un daño patrimonial cuantificado en la suma antes indicada. Estos hechos ocurrieron a partir del 15 de diciembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015, mediante la expedición de cheques librados contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro, hasta que las acusadas lograron el vaciamiento total de dichas cuentas.-
Cabe señalar que, en esta misma causa, el Juez Yoan Paul López ya condenó a pena privativa de libertad de seis (6) meses con el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena por el plazo de dos (2) años al coacusado Esteban Ferreira, quien asumió su participación y responsabilidad en el hecho, era Pro Tesorero y fue también sindicado como autor en esta causa, al haber realizado el cambio de registro de firma en el Banco Familiar S.A.E.C.A., lo que permitió que el ahora condenado y las acusadas Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera se hicieran del control, disposición y administración de la cuenta corriente y la caja de ahorro de la Asociación en la que se tenía depositado la suma de G. 1.240.971.000 y que para el mes de marzo de 2015 esa cantidad desapareció totalmente en perjuicio de los socios jubilados.-
Pese a que el hecho generó un perjuicio sumamente importante para la Asociación, que nuclea un aproximado de 20.000 mil jubilados del sector público y la docencia, el juzgamiento de las acusadas hasta ahora no ha podido ser llevado a cabo por diversas circunstancias relacionadas a la conformación del Tribunal de Sentencia y últimamente, cuando se intentó dar inicio al debate, por una recusación promovida por la acusada Nélida Huespe de Peralta contra el Agente Fiscal asignado a la causa José Morínigo, dicho planteamiento dilatorio fue rechazado por la Fiscalía, quien confirmó al citado Agente Fiscal para sostener la acusación en juicio.-
Los antecedentes evidencian que la causa se inició en el año 2018 y que en reiteradas oportunidades ya la Audiencia Preliminar se vio obstaculizada por planteos de carácter dilatorio por parte de las defensas técnicas, que tienen como fin evitar que la causa concluya a través de una sentencia definitiva que dirima el conflicto. En este proceso ninguna de las partes proponentes de los planteos dilatorios ni sus abogados han sido sancionados, pese a los múltiples incidentes y recusaciones que lo único que provocaron fue la dilación inusual de un proceso en el que se pretende sancionar hechos que afectaron gravemente el patrimonio de una persona jurídica que aglutina a un sector sensible y que mayormente requiere de este tipo de nucleaciones para llevar una vida digna y de bienestar común tras acceder a la jubilación, de ahí dicha la impunidad puede de una forma irregular lograr la extinción del caso, situación que preocupa y debe ser motivo de preocupación y atención por parte de las autoridadesde la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado.