La Fiscalía General tendrá que realizar una nueva investigación en profundidad sobre el caso de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso que pesa sobre el legislador.
«Se llama trámite de oposición, una posibilidad ante una eventual anomalía, en este caso en particular la defensa articula un recurso de reposición contra la providencia que admitió esa acta de imputación. La defensa argumenta que esa imputación tiene defectos substanciales, eso se rechaza y el Tribunal de Apelaciones observa», expresó el juez Fernández.
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