Sandoval rechazó además las versiones que sugerían que el cambio de procurador habría influido en el fallo favorable.
Aseguró que nunca mantuvo contacto ni con el anterior ni con el actual titular de la institución y afirmó que el avance del expediente respondió exclusivamente a las gestiones impulsadas por su defensa.
Incluso señaló que la causa permaneció cerca de dos años «para sentencia», situación que consideró una demora excesiva.
La abogada sostuvo que el escrito presentado por la Procuraduría minimizaba las consecuencias de su privación de libertad y prácticamente sostenía que debía sentirse agradecida con el Estado por haber sido finalmente absuelta.
A su criterio, esa posición ignoró el daño ocasionado por los tres años, seis meses y veinte días que permaneció encarcelada, así como las decisiones judiciales que rechazaron reiteradamente su libertad pese a la existencia de elementos que respaldaban su inocencia.
Si bien obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, Sandoval recordó que el proceso aún no concluyó y que deberá pasar por el Tribunal de Apelación y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia.
Incluso manifestó que, de ser necesario, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que su caso siente un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a errores judiciales y contribuya a evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
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