El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte Duré, incumplió la Ley 5033/13 al no presentar su declaración jurada en agosto de 2023, cuando asumió la titularidad del ente. La normativa le obligaba a actualizar su patrimonio dentro de los 15 días posteriores a su designación por parte del Poder Ejecutivo, pero no cumplió con ese requisito pese al cargo que ocupa dentro de la administración pública.
En ese sentido, el artículo 11 de la citada ley es claro al disponer la aplicación de sanciones a “los responsables de las instituciones del sector público que no cumpliesen con las obligaciones dispuestas en la misma”, situación que se habría configurado en este caso.
Al igual que Duarte, quien como titular de Conatel percibió el último mes G. 32.000.000, según datos del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), su esposa, Edith Bonificia Villalba de Duarte, también funcionaria de la institución y con un salario de G. 24.000.000 en febrero pasado, tampoco actualizó oportunamente su declaración patrimonial. En conjunto, la pareja percibe cerca de G. 70.000.000 mensuales, de acuerdo con los registros oficiales.
Mansión en San Bernardino
El incumplimiento de la normativa salió a la luz luego de una investigación de Ñanduti que reveló la existencia de una lujosa mansión construida a una cuadra de la avenida Mbokaja, en el barrio del mismo nombre de San Bernardino, una zona caracterizada por exclusivas residencias. El inmueble figura a nombre de la esposa del presidente de Conatel, quien finalmente también se vio obligado a incorporarlo en su declaración patrimonial.
Abrieron sumario en diciembre
La última declaración jurada presentada por Duarte ante la Contraloría databa de 2019. Su argumento para no informar sobre la mansión de San Bernardino era que recién debía actualizar su patrimonio al dejar de ser funcionario de Conatel. No obstante, esa explicación fue descartada por el contralor general, Camilo Benítez, quien sostuvo que su designación como titular del ente constituye un nuevo acto administrativo. Además, se abrió un sumario para investigar la situación, aunque hasta el momento no se conocen resultados.
“Al existir esa resolución, él tiene la obligación de presentar una nueva declaración jurada”, afirmó Camilo Benítez. “Hoy mismo, con esto que estamos hablando, vamos a verificar si existe ese acto, si presentó y, en caso contrario, vamos a iniciar el sumario, que es lo que dispone la ley”, señaló en una entrevista concedida a nuestro medio el 5 de diciembre pasado.
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