Según explicó, la implementación del RUN implica la integración de organismos que durante décadas trabajaron de manera independiente dentro del sistema inmobiliario nacional. La funcionaria señaló que la unificación de equipos, procedimientos y culturas institucionales representa un proceso complejo que todavía se encuentra en una etapa de ajuste.
Pese a las dificultades, González destacó que la actividad inmobiliaria no se paralizó con la entrada en funcionamiento del organismo. Indicó que los escribanos continúan formalizando operaciones y que diariamente se registran alrededor de 650 solicitudes de certificados catastrales registrales, documentos necesarios para la concreción de escrituras públicas.
La gerente admitió además que la ciudadanía demanda una mayor rapidez en los trámites, aunque sostuvo que los objetivos planteados por la legislación que creó el RUN aún requieren tiempo para materializarse plenamente.
Uno de los principales desafíos identificados por la institución es la falta de infraestructura tecnológica y física para concretar la integración entre los registros catastrales y registrales. González señaló que actualmente ambas dependencias continúan operando con bases de datos separadas y que la coordinación se realiza mediante procesos diarios que permiten atender los requerimientos, aunque reconoció que no constituye una solución ideal.
Asimismo, explicó que tampoco existe actualmente un espacio físico que permita el trabajo conjunto entre verificadores catastrales y registradores, situación que considera necesaria para mejorar la eficiencia del sistema. En ese sentido, afirmó que ha planteado a las autoridades la necesidad de avanzar con inversiones urgentes en infraestructura tecnológica y edilicia.
Respecto al funcionamiento del organismo, recordó que el RUN concentra actualmente la mayor parte de los registros de bienes muebles e inmuebles del país, incluyendo los registros inmobiliarios, del automotor, de embarcaciones y de marcas y señales de ganado. Según indicó, únicamente el registro de aeronaves permanece fuera de su administración.
La funcionaria también señaló que el organismo administra cerca de 2,5 millones de títulos registrados y procesa aproximadamente 16.000 inscripciones inmobiliarias por mes. Sin embargo, aclaró que esa cifra no representa la totalidad de las propiedades existentes en Paraguay, debido a que la legislación vigente no obliga a registrar los títulos dentro de un plazo determinado.
En paralelo, González anunció que la Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto de digitalización masiva de documentos registrales. La iniciativa contempla la digitalización de aproximadamente 70 millones de folios que forman parte del archivo histórico de títulos de propiedad.
Sobre las inconsistencias detectadas en los registros, explicó que varios casos inicialmente considerados como superposiciones de títulos terminaron siendo identificados como problemas de representación gráfica o solapamientos cartográficos. No obstante, recordó que cuando se detectan posibles superposiciones, el procedimiento establece la notificación formal a los propietarios colindantes involucrados.
Finalmente, indicó que las mayores cantidades de inconsistencias registrales se concentran actualmente en zonas de los departamentos de Central, Alto Paraná y el Chaco, áreas donde continúan los trabajos de verificación y actualización de la información territorial.
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