La sentencia fue dictada por unanimidad por las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, quienes durante la lectura del fallo sostuvieron que la actuación de la entonces agente del Ministerio Público fue degradada a un mecanismo de transacción económica.
Según el tribunal, Girala manipuló deliberadamente procesos penales para obtener beneficios patrimoniales, afectando gravemente la integridad de la administración de justicia.
Durante la fundamentación, las magistradas señalaron que la exfiscal «vendió la impunidad» al utilizar el ejercicio de la acción penal como una herramienta de presión sobre los investigados.
En ese contexto, mencionaron que exigía sumas de dinero que iban desde G. 1 millón hasta G. 20 millones, además de otros beneficios, como motocicletas, termos y canastas de fin de año, a cambio de no impulsar imputaciones o de favorecer a determinados denunciados.
El Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años de prisión para Girala, al considerar acreditada su responsabilidad en un esquema de corrupción dentro de la función fiscal.
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