Durante una entrevista en Ñanduti, Esquivel sostuvo que Paraguay mantiene un modelo en el que la prisión preventiva se aplica con demasiada frecuencia, cuando debería ser una medida excepcional.
A su criterio, esta situación contribuye al hacinamiento penitenciario y agrava la sobrecarga del sistema de justicia.
El defensor general explicó que la Defensa Pública impulsa pedidos de libertad en los casos en que la privación de libertad supera los plazos previstos en el Código Procesal Penal.
Asimismo, indicó que la institución trabaja junto con la Corte Suprema de Justicia para promover mecanismos como la mediación penal y otras salidas procesales que permitan reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena.
Esquivel también cuestionó las reiteradas suspensiones de audiencias por superposición de horarios en la agenda de los defensores públicos.
Señaló que estas reprogramaciones pueden retrasar un juicio hasta seis meses, prolongando innecesariamente la situación procesal de los imputados y afectando el funcionamiento del sistema judicial.
Finalmente, afirmó que la Defensa Pública impulsa la implementación de una agenda electrónica para evitar estos inconvenientes y mejorar la coordinación entre los distintos operadores de justicia.
«Muchas veces prisionizamos como regla y no como excepción», expresó al insistir en la necesidad de revisar el uso de la prisión preventiva en el país.
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