Según explicó, durante una reunión encabezada por el presidente Santiago Peña se revisó el informe elaborado por los administradores de contrato, que incluyó aspectos relacionados con la provisión del servicio, denuncias, ejecución presupuestaria y posibles ajustes a la reglamentación vigente.
Uno de los principales puntos abordados fue la modificación del decreto que regula las compras destinadas a la agricultura familiar y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Rojas señaló que la propuesta busca establecer un porcentaje mínimo del 7% para compras directas a la agricultura familiar, manteniendo el 10% destinado a las mipymes, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y adecuar el sistema a la realidad de los proveedores.
«Se estudió mantener el 10% como mínimo de las compras en Agricultura Familiar y Mipymes. Las normas vigentes establecen hoy 10% como mínimo sobre el monto contratado de compra directa del productor primario», explicó.
El ministro indicó que el sistema actual ha generado dificultades para algunas empresas proveedoras, especialmente en la adquisición de productos industrializados.
«Hay productos que se utilizan y que son procesados e industrializados y que no se han podido cargar las facturas de productos. Eso generó una suerte de perjuicio a las empresas proveedoras, porque solo podían cargar de las compras directas del productor primario», afirmó.
Durante la reunión también se resolvió iniciar el proceso para una nueva licitación del programa, que abarcará el periodo comprendido entre agosto de 2027 y junio de 2030.
«El otro punto resuelto fue la presentación de la estimación presupuestaria y la autorización para el inicio del nuevo llamado de licitación para la provisión del servicio entre agosto del 2027 y junio del 2030», señaló.
Rojas recordó que las compras de alimentos corresponden exclusivamente a las empresas adjudicadas y que el Estado remunera el servicio en función de las raciones efectivamente entregadas.
«Las compras de los productos es de exclusiva responsabilidad de las empresas. Ellos adquieren sus productos y sirven dentro de los lineamientos y de las condiciones establecidas en los contratos firmados y se les paga por platos servidos, por raciones», indicó.
Asimismo, explicó que para acceder al pago, las empresas deben presentar, a través del Sistema Integrado de Alimentación Escolar, las facturas de compra, certificados de cumplimiento con el IPS y comprobantes tributarios, documentación que posteriormente habilita el proceso de liquidación.
Finalmente, el titular del Ministerio de Desarrollo Social recordó que Hambre Cero fue creado mediante una ley y que su continuidad depende de la vigencia de esa normativa.
«Hay que recordar que el programa Hambre Cero está establecido por una ley y esa ley no tiene plazo», expresó.
Añadió que actualmente cerca del 40% del financiamiento del programa proviene de recursos del Tesoro Nacional y sostuvo que tanto el actual como los futuros gobiernos deberán garantizar los recursos necesarios para sostener su funcionamiento.
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