El coordinador del equipo especializado, José Torres, explicó que los interesados deberán presentar una fotocopia de su cédula de identidad y, de ser posible, el extracto donde figure el descuento salarial, ya que ese documento permitirá identificar el juzgado que ordenó el embargo.
Tras el asesoramiento inicial, cada caso será evaluado y derivado al defensor público competente según el domicilio del afectado. De esta manera, se busca que las víctimas puedan continuar sus reclamos desde la sede de la Defensa Pública más cercana, evitando traslados innecesarios hasta Asunción.
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