El ministro del Interior, Enrique Riera, se pronunció este lunes sobre dos procedimientos que terminaron con víctimas fatales y que volvieron a poner en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
El primer caso ocurrió en Alberdi, departamento de Ñeembucú, donde Federick Nahuel Cáceres Sosa (22) murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo policial. Según el relato oficial, el joven habría intentado evadir una barrera policial y los agentes iniciaron una persecución en la que se realizaron 33 disparos, uno de los cuales acabó con su vida.
El fiscal Diego Benítez explicó que el procedimiento se desarrollaba en el marco de un rastrillaje para localizar a presuntos integrantes de una banda que había asaltado un comercio de la zona.
En conferencia de prensa, Riera relató la versión preliminar de los hechos y señaló que el joven habría acelerado la marcha de su vehículo cuando se le solicitó la documentación.
«Según la versión extraoficial, se había detenido en la barrera, se le había exigido la documentación, pero este chico, en vez de parar, aceleró. La Policía los persiguió con tan mala fortuna que una bala impactó en su humanidad y lo terminó matando».
Sin embargo, el propio ministro admitió que, una vez interceptado el vehículo tras realizar los balazos, los agentes constataron que la víctima estaba desarmada, por lo que consideró que existían otras alternativas antes de recurrir a los disparos.
«Cuando llegaban al lugar se dieron cuenta de que estaba desarmado. De acuerdo a los protocolos hay otras opciones para detener a una persona que está en fuga. Podían haber disparado a las cubiertas, podían haber encerrado el camino, alguna otra opción. Claro, hay que estar en ese lugar para entenderlo».
Riera explicó que ordenó al comandante de la Policía poner inmediatamente el caso a disposición de la Fiscalía, incautar todas las armas utilizadas en el operativo, identificar a los efectivos que participaron y apartarlos de sus funciones mientras avanza la investigación.
«Le dije dos cosas al comandante: pongan todo esto a conocimiento del fiscal, cauten las armas y presenten la lista de todos los oficiales que estuvieron involucrados. En paralelo, que vaya a Asuntos Internos, que les retire del cargo, que les saque las armas y que investigue la conducta policial».
El secretario de Estado también aseguró haber conversado con el fiscal de la causa para garantizar que la investigación se realice sin presiones.
«Hablé con el fiscal y le dije que se sienta en la más absoluta libertad para investigar, que nadie lo va a presionar, que aplique la ley por más dura que ella sea».
Aunque evitó realizar una calificación jurídica anticipada, Riera reconoció que, a su criterio, el procedimiento presenta indicios de una actuación irregular.
«Yo creo que hubo un caso claro de negligencia policial, pero no me animaría a calificarlo hasta que la Fiscalía lo haga».
Actualmente, los doce policías que participaron del procedimiento permanecen con prisión preventiva mientras continúan las pericias balísticas para determinar cuál fue el arma desde la que salió el disparo mortal.
Guarambaré: una muerte en medio de una pelea tras un partido
Riera también abordó el caso ocurrido en Guarambaré, donde Néstor Rodrigo Pintos Gutiérrez (33) falleció tras recibir un disparo durante una pelea entre hinchas al término de un encuentro de fútbol.
Hasta el momento, la investigación no logró establecer si el proyectil fue disparado por un civil o por alguno de los efectivos que participaron del operativo de seguridad.
«Por cuestiones bastante confusas, una persona murió de un balazo y todavía se está tratando de identificar si realmente el balazo fue de un sector civil, de un arma que debe estar registrada, o de la propia Policía».
La Fiscalía ordenó la prueba de parafina a los 13 policías que participaron del procedimiento, además del análisis de imágenes de circuito cerrado y videos captados por testigos para identificar al autor del disparo.
El ministro sostuvo que el mismo criterio aplicado en Alberdi será utilizado en este caso.
«Se le entregan todos los antecedentes al fiscal, se envía Asuntos Internos, se le toma declaración a todos. Impunidad cero».
Finalmente, Riera defendió las medidas disciplinarias impulsadas durante su gestión y afirmó que existe plena libertad para denunciar e investigar a cualquier integrante de la fuerza pública.
«Tenemos ya más de 300 bajas firmadas desde que asumí y más de 1.000 sumariados. Cualquier ciudadano, el comandante, el ministro o los medios de prensa pueden denunciar a cualquier policía que crean que no cumple con la ley; nosotros estamos obligados a investigarlo».
Mientras el Gobierno promete «impunidad cero», serán las investigaciones fiscales y las pericias técnicas las que determinen si existieron responsabilidades penales y administrativas en ambos procedimientos mientras continúa el debate si fue correcto el actuar de las autoridades que deberían asegurar el órden y el bienestar común.
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