Durante una entrevista en Ñanduti, González señaló que la discusión sobre la formación jurídica no admite respuestas automáticas, sino una reflexión colectiva sobre el papel del derecho en la sociedad.
En ese sentido, recordó que el proceso judicial nació como un mecanismo para limitar el poder y garantizar la convivencia.
El académico destacó que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial obliga a replantear la enseñanza del derecho, aunque remarcó que el objetivo principal de la profesión sigue siendo contribuir a la paz social.
En ese contexto, González puso el foco en la situación del sistema penitenciario y cuestionó si el país está cumpliendo con el objetivo de brindar paz social. «Tenemos que preguntarnos si con 20.000 varones privados de su libertad, 12.000 de ellos sin condena firme ejecutoriada, y 1.000 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 800 tampoco tienen condena firme ejecutoriada, estamos dando cumplimiento a dar paz», expresó.
González consideró que esta situación responde a un problema estructural y no exclusivamente a una administración en particular. Por ello, llamó a que la academia, las instituciones y la sociedad participen en la construcción de soluciones. «Estoy convencido de que las grandes transformaciones vendrán a través de la educación», afirmó.
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