La cartera de usuarios no llegaría a 40.000 abonados. A esto se suma que el Estado dejará de percibir unos US$ 173 millones.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación de 4G realizada en 2017 establecía que los oferentes debían acreditar al menos 300.000 abonados ya sea a nivel nacional o internacional mediante una certificación emitida por el ente regulador correspondiente, además de demostrar una facturación mínima de US$ 10 millones.
Lejos de fortalecer los requisitos para la licitación de 5G, una tecnología más avanzada y de mayor valor estratégico para el sector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) optó por flexibilizar las condiciones. El requisito de 300.000 abonados vigente para 4G fue reducido a un mínimo de 100.000 clientes para participar del proceso de adjudicación.
Una de las empresas adjudicadas por Conatel para operar la red 5G a nivel nacional es Nubicom, una de las compañías más pequeñas de Salta, Argentina. De acuerdo con reportes provenientes de ese país, no alcanzaría siquiera los 40.000 abonados.
La Conatel sostuvo que la firma presentó una declaración jurada, pero el documento fue elaborado por la propia empresa y no cuenta con una certificación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), como exigía el antecedente de la licitación de 4G.
Otra observación se centra en la interpretación del requisito del patrimonio neto mínimo de US$ 10 millones. El pliego no precisaba si ese monto debía acreditarse por cada ejercicio fiscal o de manera acumulada durante los últimos tres años. Sobre este punto, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que esa discrecionalidad administrativa debilita la seguridad jurídica del proceso y traslada un riesgo significativo a la etapa de ejecución.
Enorme diferencia
Otro aspecto controvertido guarda relación con los montos que debían abonar las empresas y las inversiones sociales comprometidas, como equipamiento de escuelas con salas de informática, conexión a internet en plazas, instalación de cámaras de seguridad para la Policía y conectividad en hospitales. En la licitación de 4G, esos compromisos representaban alrededor de US$ 180 millones.
En la licitación de 5G, en cambio, hasta el momento solo se recaudaron US$ 4 millones y la proyección total, con un segundo llamado donde participarían las principales operadoras, alcanza apenas US$ 6,6 millones. La diferencia representa aproximadamente US$ 173 millones menos para el Estado en comparación con el proceso de 4G.
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