Ñanduti accedió al documento de 54 páginas de la Contraloría General donde se desglosan irregularidades y desprolijidades por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el proceso de adjudicación y ejecución de la red 5G, a favor de la empresa Nubicom, de Salta, Argentina.
“La experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones podría ser probada mediante una copia de la licencia y declaración jurada en la que se indique la cantidad de abonados. Estos documentos de respaldo demostrarían ser insuficientes en el desarrollo del proceso de otorgamiento de la licencia, en el caso específico de la empresa de origen argentino, Nubicom SRL”, resalta en una parte el documento.
Otro de los puntos que el ente regulador no pudo responder a la Contraloría es respecto a la “participación de la empresa NUBICOM en el mercado argentino” y “aproximadamente, a cuántos usuarios representa dicha participación”.
La Contraloría sostiene que la Conatel, en su condición de autoridad reguladora y otorgante de la licencia a Nubicom, debe “fortalecer el ejercicio de su competencia institucional e indelegable de fiscalización”.
Pese a que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación del servicio de 5G es bastante claro y pide que en el transcurso de 180 días, como máximo (que se cumplió en abril), la empresa adjudicada debe iniciar sus operaciones comerciales, ahora la Conatel dice que recién en octubre empezar a controlar, es decir, un año después de entregar la licencia 5G a Nubicom.
Grupo Vázquez
Uno de los documentos elaborados por la Contraloría también revela que en el “acta de asamblea de accionistas” de Nubicom SRL se le nombra a Emanuel Eduardo Salinas, como presidente y representante de la empresa, y al señor Miguel Almada, como secretario.
Cabe señalar que Miguel Almada figura como director legal del Grupo Vázquez, holding empresarial muy vinculado al Gobierno Nacional y al presidente Santiago Peña, en particular.
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