La firma Condor S.A.C.I. rechazó cualquier vinculación con funcionarios de la Municipalidad de Asunción en relación con la provisión de asfalto caliente cuestionada en los últimos días.
El abogado de la empresa, Guillermo Duarte Cacavelos, confirmó en Ñandutí que camiones de la comuna ingresaron al predio de Condor «con los logos tapados». «No teníamos ninguna idea que había algún camión de la Municipalidad prestando el servicio que se había contratado. Esto aclaramos y vamos a denunciar», manifestó.
La empresa anunció que presentará una denuncia penal por estafa. «Nosotros vamos a denunciar. Para nosotros esto no es campaña política. Vamos a denunciar porque fuimos víctimas de una estafa», afirmó Duarte Cacavelos.
El abogado indicó que la firma se enteró de la situación por redes sociales. «Nosotros nos enteramos por redes sociales ayer», señaló. Como parte de las pruebas, Condor ya inició la recolección de imágenes del circuito cerrado del predio. «Estamos extrayendo con escribano público el circuito cerrado de esas fechas para demostrar que los vehículos y personas no tenían logo de la Municipalidad de Asunción», explicó.
Duarte Cacavelos también cuestionó al concejal Pablo Callizo, quien denunció públicamente el hecho. «Reclamé al concejal Pablo Callizo que cómo es que si ellos sabían que estos camiones se iban a ir a Condor no pactaron con el Ministerio Público para aprehender in situ a todas las personas intervinientes. Su denuncia es seria, pero no era la vía y la forma. Podíamos evitar que estos hechos produzcan mayores consecuencias», dijo.
El abogado fue más directo al referirse a la actuación del edil. «¿Por qué no denunció antes? Qué necesidad de esperar. No quiero matar al mensajero, pero acá se utilizó con fines políticos un hecho punible», comentó.
Duarte Cacavelos afirmó además que la investigación no debe quedar en manos de dirigentes políticos. «Vamos a accionar, no vamos a dejar en manos de los políticos y concejales que se esclarezca porque claramente no se va a esclarecer. Vamos a investigar quiénes son los responsables», agregó.
El abogado también apuntó contra el Ministerio Público por la falta de una investigación de oficio. «El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, tendría que haber abierto desde ayer una carpeta fiscal para investigar este hecho. No espero que lo haya hecho porque categóricamente él abre carpetas de forma selectiva», afirmó.
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