La escalada de conflictos por invasiones de tierras, cultivos ilícitos y disputas territoriales en varios distritos del departamento de Canindeyú suma ahora una nueva arista. No solo denuncian la existencia de un presunto esquema de extorsión que involucraría a delincuentes liderados por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
De acuerdo con las denuncias recogidas entre productores de Ybyrarobaná, Corpus Christi y Nueva Esperanza, propietarios afectados por ocupaciones de sus tierras se verían obligados a realizar pagos extraordinarios para obtener la intervención de fuerzas de seguridad durante procedimientos de despeje.
Según los testimonios, que prefirieron el anonimato, el costo exigido alcanzaría hasta G. 1 millón por cada agente policial movilizado para los operativos de desalojo. En el caso de vehículos hidrantes, el monto ascendería a G. 6,5 millones, cifra similar a la que supuestamente se abonaría por cada hora de utilización de helicópteros. Los denunciantes sostienen que estos desembolsos se realizan al margen de los mecanismos legales establecidos para la actuación de los organismos de seguridad.
Las acusaciones surgen en un contexto marcado por reiterados episodios de violencia rural, invasiones de propiedades y la presencia de plantaciones de marihuana detectadas periódicamente por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en comunidades indígenas del departamento.
Señalan a caciques y estructuras criminales
Las denuncias también apuntan a la existencia de un sistema de presiones y aprietes contra productores agrícolas de la zona. Entre los nombres mencionados figura el del cacique Antonio Carrillo, a quien algunos pobladores identifican como una pieza clave dentro de una estructura que operaría en coordinación con grupos criminales.
Asimismo, los denunciantes vinculan a Carrillo con Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, considerado uno de los hombres más buscados por las fuerzas de seguridad. Según las versiones recogidas en la zona, ambos formarían parte de una red que ejerce influencia sobre territorios estratégicos del departamento.
Los productores sostienen que la principal preocupación radica en la aparente impunidad con la que actuarían algunos de los involucrados, situación que, afirman, contribuye a profundizar el clima de inseguridad y tensión que se vive en varios puntos de Canindeyú.
Exigen investigación
Ante la gravedad de las acusaciones, sectores productivos reclaman la apertura de investigaciones por parte del Ministerio Público y de los organismos de control interno de la Policía Nacional, a fin de determinar si existen efectivos que estén utilizando recursos públicos y procedimientos oficiales para obtener beneficios económicos indebidos.
Mientras tanto, Canindeyú continúa acumulando episodios de violencia, conflictos por la tierra y denuncias sobre la penetración de organizaciones criminales en zonas donde la presencia efectiva del Estado sigue siendo objeto de cuestionamientos.
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