El Ministerio Público formuló un Acta de Imputación contra nueve personas, entre ellas los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Mario Bataglia Araujo y Jorge Magno Brítez Acosta, en el marco de la causa N° 3397/2024, caratulada «Hugo Enrique Aranda y otros s/ Lesión de Confianza». El expediente tramita ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo del juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez.
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Según el escrito, presentado por el agente fiscal Julio César Ortiz González, de la Unidad Penal N.° 3, los imputados habrían suscrito adendas irregulares al Contrato N° 6/2020, correspondiente a la Licitación Pública Nacional SBE Nº 143/2019, para el reacondicionamiento y la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, adjudicado a la firma Neighpart S.A. por 53.000 millones de guaraníes.
De acuerdo con la imputación, las adendas modificaron plazos y formas de pago del contrato original, lo que permitió que la empresa siguiera cobrando pese a que la zona donde debían ejecutarse los trabajos nunca fue liberada. El Ministerio Público estima que esas maniobras generaron un perjuicio patrimonial al IPS de aproximadamente G. 61.000 millones.
Además de Bataglia y Britez, fueron imputados Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento; Juan Manuel Villar López, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta, exdirector de Mantenimiento; Rosa Colman, abogada de la Dirección Jurídica; Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz; Marcelo Rubén Bordón Leiva; y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
La Fiscalía solicitó al juzgado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los nueve imputados, al considerar que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación. El escrito remarca que la expectativa de pena por el hecho punible de lesión de confianza agravada es de hasta diez años, y que varios de los imputados contarían con solvencia económica suficiente como para eludir la Justicia. También se pidió el embargo preventivo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de los nueve procesados.
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