El juez Rodrigo Estigarribia resolvió otorgar la libertad ambulatoria a la abogada Rosa Colmán, una de las nueve personas imputadas en el caso IPS por el contrato de los quirófanos del Hospital Central, aunque bajo determinadas reglas de conducta.
El magistrado admitió la imputación presentada por el Ministerio Público en contra de Colmán, aunque no hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, que había argumentado riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación.
Previo a la audiencia, trascendió que Colmán había sido detenida, aunque otras fuentes indicaron que la abogada se presentó voluntariamente ante la Policía. Ñanduti no pudo confirmar hasta el momento cuál de las dos versiones es la correcta.
La decisión judicial se dio un día después de que el Ministerio Público formalizara la imputación contra Colmán y otros ocho exfuncionarios y allegados al Instituto de Previsión Social (IPS), a quienes acusa de un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución, en el marco de un contrato para instalar quirófanos modulares en el Hospital Central.
Según la Fiscalía, los imputados habrían suscrito adendas irregulares al Contrato N.° 6/2020, adjudicado a la firma Neighpart S.A. por G. 53.000 millones, que modificaron plazos y formas de pago y permitieron que la empresa siguiera cobrando pese a que la zona de los trabajos nunca fue liberada.
Además de Colmán, quien se desempeñaba como abogada de la Dirección Jurídica del IPS, fueron imputados los expresidentes de la institución Vicente Mario Bataglia Araujo y Jorge Magno Britez Acosta; el exgerente de Logística y Abastecimiento, Hugo Enrique Aranda; el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel Acosta; y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Rubén Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para los nueve, además del embargo preventivo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar sus bienes, al considerar que la expectativa de pena por lesión de confianza agravada, de hasta diez años, y la solvencia económica de varios de ellos representaban riesgo de fuga.
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