El Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Defensa respaldaron las intervenciones desplegadas en Canindeyú. Según las autoridades, los procedimientos surgieron de la recolección, el análisis y el procesamiento de información sobre el avance de organizaciones criminales en la frontera con Brasil.
El operativo “Renacer” fue encabezado por nueve agentes fiscales y movilizó a cientos de efectivos para ejecutar 15 mandatos judiciales de allanamiento. La Policía Nacional sostuvo que las incursiones cumplieron las órdenes emitidas por la Justicia y que el objetivo principal continúa siendo la captura de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.
La Policía también afirmó que durante los allanamientos no se formularon denuncias ante los fiscales o responsables de los procedimientos. Sin embargo, tras la difusión de acusaciones en redes sociales, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación en coordinación con el Ministerio Público.
Posteriormente, el operativo “Redención” dejó muertos al líder indígena Antonio Carrillo y al docente Catalino Correa, además de la detención de Bruno Ortiz López. La Senad afirmó que los ocupantes de un vehículo dispararon contra sus agentes y que uno de ellos recibió un impacto en el chaleco antibalas.
La comunidad Yhapo rechazó esa versión, aseguró que Carrillo y Correa no estaban armados y sostuvo que fueron ejecutados después de abandonar una celebración por el Día del Niño. También negó que sus integrantes formen parte de una estructura logística o de un supuesto brazo indígena vinculado con alias “Macho”.
Investigadores y productores manejan la hipótesis de que miembros de organizaciones criminales aprovecharían la ausencia estatal para obtener protección o encubrir actividades ilícitas dentro de territorios indígenas.
Yhapo acusó además a Ñanduti de impulsar una campaña de “falsedades” y de motivar el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Las publicaciones cuestionadas recogieron denuncias de productores que solicitaron reserva de identidad por temor a represalias, así como declaraciones policiales sobre amenazas y extorsiones. Corresponde al Ministerio Público verificar esos testimonios y determinar responsabilidades, sin convertir la crítica a la cobertura periodística en un sustituto de la investigación.
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