El cruce semafórico de Pedrozo, en Ypacaraí —donde en agosto murieron seis personas en un choque en cadena—, surgió de un estudio técnico y un convenio de 2021 entre el entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y el intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete, que continúa en el cargo. Según explicó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), José Arévalo, en ese momento se planteó como una solución parche ante el reclamo de la población por el acceso bloqueado.
Ese mismo convenio de 2021 ya incluía la construcción de un viaducto y un paso peatonal como solución definitiva, pero la obra no se pudo completar en los cinco años transcurridos desde entonces.
Una alianza público-privada que traba los cambios
Según explicó el funcionario, la demora se debe a que la ruta forma parte de una alianza público-privada: cualquier modificación requiere estudios técnicos y económicos, y el aval del Ministerio de Economía, la Procuraduría General de la República y el propio MOPC, además de una modificación del contrato. El MOPC firmó la «adenda 5» al contrato el 10 de diciembre de 2024 y recién dos meses después dio la orden de inicio de las obras.
Arévalo confirmó, además, que el Ministerio ya tomó posesión del terreno que faltaba liberar para continuar con la construcción del viaducto.
Cómo funciona la expropiación cuando no hay acuerdo
El funcionario explicó el mecanismo legal que se aplica cuando el propietario de un terreno no acepta el monto ofrecido por el Estado. Según la Constitución, la propiedad privada es inviolable y solo puede expropiarse por interés público mediante una justa contraprestación. El MOPC tasa la propiedad y ofrece el monto correspondiente, incluso con un 10% adicional si el propietario acepta, para evitar litigios.
Si el propietario no acepta —como ocurrió en este caso—, el Ministerio debe depositar el monto tasado en una cuenta judicial para que un juez imparcial determine el valor final. Según Arévalo, no es necesario que ese trámite concluya para que el MOPC tome posesión del terreno y arranque la obra: alcanza con el depósito y con que el juez otorgue la posesión. La diferencia de precio, si la hubiera, se deposita después. «En ningún momento el precio puede ser un problema en esta instancia», remarcó.
Por qué no se retira directamente el semáforo
Consultado sobre por qué no se elimina de una vez el semáforo —señalado como la causa del cruce fatal—, Arévalo explicó que el problema central es que su eliminación requiere antes construir los retornos, ya que de lo contrario no habría una forma segura de que los vehículos crucen de un lado al otro. Sin ese control, advirtió, un vehículo que cruce podría encontrarse con autos que no bajan la velocidad en ese sector.
El funcionario recordó que en esa bajada ya hubo accidentes antes de que existiera el semáforo, con antecedentes en 2015 y 2017 —uno de esos hechos, dijo, dejó 15 fallecidos—. Para Arévalo, una pendiente pronunciada representa un riesgo en cualquier país, no solo en Paraguay.
Quién paga la expropiación y quién responde por los fallecidos
Ante la consulta de un oyente sobre quién debe afrontar los pagos vinculados al tramo, tratándose de una ruta concesionada, Arévalo respondió que la responsabilidad del depósito recae en la concesionaria Rutas del Este, a través de la Sociedad del Objeto Específico (SOE): una vez que el MOPC habilita la cuenta judicial, la empresa deposita el monto de forma automática, en lo que el funcionario describió como parte de «la matriz de riesgo» del contrato.
Sobre la responsabilidad del Ministerio por los daños hacia las familias de los fallecidos, Arévalo fue tajante: la única forma de determinarla es a través de una acción judicial, no de un acercamiento directo con los familiares. Consultado sobre si, ante una eventual demanda, la responsabilidad sería de Rutas del Este o del MOPC, evitó pronunciarse. «Eso ya es una cuestión judicial, no puede ser una opinión ni una valoración subjetiva mía», sostuvo. Para el funcionario, se trata de «un tema muy complicado» a partir de estos fallecimientos, por lo que insistió en que debe ser un tercero imparcial quien determine si existe daño y cuál es su cuantía.
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