La acusación fue presentada por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos N.º 1 de Alto Paraná. La mujer de 34 años fue acusada por estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos, mientras que su hermana, de 44 años, fue acusada como cómplice de estafa mediante sistemas informáticos.
Según la investigación, la primera trabajaba desde 2014 como funcionaria administrativa de ambas empresas y tenía a su cargo tareas como la gestión de pedidos, facturas, pagos y transferencias a proveedores. También contaba con acceso a las cuentas bancarias de las compañías en Sudameris Bank y Atlas.
La Fiscalía sostiene que la acusada habría elaborado solicitudes de pago utilizando datos correspondientes a operaciones comerciales reales, pero modificando el destinatario de los fondos para que las transferencias terminaran en cuentas propias o de familiares. Las operaciones investigadas se realizaron entre noviembre de 2024 y enero de 2026.
Entre las transferencias identificadas, el Ministerio Público señala G. 857.152.583 enviados a cuentas de su hermana mediante 51 operaciones, además de G. 54.856.900 transferidos a cuentas propias a través de 14 operaciones. También se detectaron movimientos por G. 224.345.763 a una tercera persona y por G. 245.513.396 a una cuenta de su hermano.
La investigación incluyó además una transferencia de USD 6.050, realizada el 9 de diciembre de 2025 para el supuesto alquiler de un salón, que terminó acreditada en una cuenta de la hermana por G. 40.353.500. Otro movimiento, por G. 21.850.084, fue realizado bajo el concepto de pago de patentes municipales y terminó en una cuenta de un hermano.
Según la Fiscalía, estas operaciones no contaban con documentación que justificara su relación con las actividades de las empresas.
Como sustento de la acusación, el Ministerio Público presentó testimonios, informes bancarios, documentación contable y administrativa, planillas de detección de desvíos y registros de transferencias. También ofreció como evidencias soportes magnéticos, una computadora portátil, dos teléfonos celulares y otro dispositivo que contenía archivos extraídos de uno de los equipos incautados.
Con estos elementos, el fiscal Osvaldo Zaracho Romero solicitó al juzgado la apertura de un juicio oral y público para ambas acusadas.
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