La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó a cuatro funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción y a una ciudadana por el presunto hecho punible de apropiación. La imputación, formulada el 26 de agosto por los agentes fiscales Luis Lionel Piñánez y Christian M. Benítez Cáceres, corresponde a la Causa N.° 53/2026, caratulada «Antonio Prieto Cané y otros s/ apropiación».
Según el acta fiscal, el hecho investigado ocurrió el 11 de julio de 2026, entre las 12:00 y las 19:00, en el predio de la empresa Cóndor S.A.C.I., sobre la avenida República Argentina y la calle Dr. Osvaldo Chávez. Allí se habría ejecutado una obra de pavimentación de 1.254 m², correspondiente al recapado asfáltico del estacionamiento de acceso al taller y lavadero del establecimiento.
Los imputados son Antonio Prieto Cané, Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo, los cuatro, funcionarios de la Dirección de Vialidad; y Lilian Ramona Benítez Ortíz, imputada como cómplice.
Según la investigación, el trabajo fue coordinado por Prieto Cané bajo la denominación comercial «AP – Construcciones Obras Viales» y ejecutado por una cuadrilla de diez obreros, entre los que se identificó a los otros tres funcionarios municipales imputados. La acta fiscal describe a Prieto Cané como funcionario municipal, aunque un testimonio incluido en el mismo expediente, atribuido al abogado de la firma AP-Construcciones, sostiene que ya no pertenece a la Municipalidad de Asunción y que es jubilado de esa institución.
Para la obra habrían ingresado al predio dos camiones volquete de la Dirección de Vialidad, utilizados para trasladar mezcla asfáltica en caliente desde la planta municipal. También se habría utilizado maquinaria pesada de la flota municipal: una retroexcavadora marca Manitou, un compactador Dynapac y una máquina terminadora de asfalto Ammann.
Benítez Ortíz, según los fiscales, se habría encargado de las gestiones administrativas para el cobro del trabajo. El valor de los recursos municipales utilizados fue estimado de manera preliminar en Gs. 100.000.000.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva: presentación periódica ante el juez y prohibición de salir del país o de la localidad de residencia y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
Deja una respuesta