El contralor general, Camilo Benítez, presentó una serie de informes derivados de más de 2.000 actividades de control y unas 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, que no solo evaluaron la legalidad y el manejo contable de los recursos públicos, sino también el impacto de las políticas implementadas.
De acuerdo con las propias palabras de Camilo Benítez, el IPS “es por lejos la institución más desordenada”.
La revisión del documento presentado ante el Congreso Nacional revela una extensa lista de irregularidades detectadas durante la gestión del expresidente del IPS, Jorge Brítez.
“Se constató cargas de combustible por G. 48.000.000, asociada a la ambulancia de la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista de las Misiones, mientras la misma se encontraba fuera de circulación por reparaciones y mantenimiento”, dice una de las observaciones en la página 128.
También agrega más abajo que identificaron 11.562 registros de personas fallecidas con movimientos posteriores a la defunción en estado pagado por G. 58.046.466.552 y 35 registros pagados con fecha futura del año 2066 por G. 31.130.752. Agrega que las debilidades afectan alertas, actualización, depuración y cruces sistemáticos con fuentes oficiales.
“Se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2025, el IPS mantuvo una morosidad de ₲ 28.489.567.007 en concepto de cánones de arrendamiento de inmuebles ocupados por instituciones públicas, situación que evidenció debilidades en la gestión de cobro y recuperación de dichos créditos”, menciona más abajo.
El documento también revela que fueron identificados 11.562 registros de personas fallecidas con movimientos posteriores a su defunción, en estado pagado, por un total de G. 58.046.466.552. A esto se suman 35 registros pagados con fechas futuras correspondientes al año 2066, por G. 31.130.752. La CGR advierte que estas debilidades afectan los sistemas de alerta, actualización, depuración y cruces con fuentes oficiales.
Otro dato relevante es que, al cierre del ejercicio fiscal 2025, el IPS mantenía una cuenta a cobrar al Estado paraguayo por un saldo remanente de G. 5.044.719.918.843, es decir, más de G. 5 billones, sin que durante el periodo auditado se hayan evidenciado avances concretos para recuperar esos recursos.
Además, la auditoría señala que el IPS mantenía unidades habitacionales y comerciales de su propiedad ocupadas sin contratos de arrendamiento vigentes o debidamente formalizados, específicamente en el Complejo Paraná Country Club y en los edificios Urundey, Yuquyry y Jazmín.
En cuanto a las millonarias licitaciones, las observaciones y cuestionamientos también son numerosos.
Entre ellos, la CGR señala que “la entidad no ha demostrado documentalmente el establecimiento de precios referenciales razonables” que garanticen los principios de economía, eficacia y eficiencia. La observación corresponde a una licitación para el servicio de limpieza e higienización por más de G. 160.000 millones.
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