La presentación responde al mandato constitucional establecido en los artículos 282 y 283 de la Constitución Nacional, y se realizó por séptimo año consecutivo. «Cada año hemos aumentado las actividades de control», señaló Benítez, quien detalló que este ejercicio incluyó más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías, entre financieras y de cumplimiento. El contralor agregó que la institución busca ampliar el próximo año las auditorías de desempeño, orientadas a medir el impacto de las políticas públicas y no solo la legalidad del gasto.
Entre los hallazgos generales, la Contraloría observó también al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa por mantener en sus inventarios bienes —entre ellos vehículos y patrulleras— que figuran como activos pese a no existir. Benítez remarcó la necesidad de «sincerar» esos balances.
El contralor explicó que los hallazgos que constituyan hechos punibles deberán ser evaluados por la Dirección Jurídica de la Contraloría antes de una eventual remisión al Ministerio Público. También reconoció que, a pesar del aumento de las actividades de control, la impunidad sigue siendo «el mayor de los problemas» del país, al no existir condenas proporcionales a los montos reportados en los últimos años.
Basilio Núñez, presidente del Congreso, agradeció el trabajo de la Contraloría y remarcó que la recepción pública del informe es un mandato constitucional «que en periodos anteriores no se hacía».
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