«Al tener conocimiento de indicios de hechos punibles, es nuestra obligación remitir a donde corresponda, no podemos ser cómplices de nadie», declaró Achucarro. El proceso arrancó por pedido de la propia Junta Municipal, que mediante ordenanza exigió auditar los primeros seis meses de la administración de Dimartino.
El posible daño patrimonial rondaría los G. 2.500 millones, a la espera de que la Fiscalía determine la procedencia de la denuncia. El informe también detectó doce llamados por vía de excepción sin aval de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, aunque las obras fueron pagadas en su totalidad.
La Junta Municipal de Itá tiene 12 bancas repartidas en partes iguales entre la ANR y el PLRA, y la auditoría fue aprobada con votos de concejales liberales.
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