La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) solicitó la postergación del proyecto de ley que declara el estado de emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), al considerar que la iniciativa colisiona con el artículo 95 de la Constitución Nacional y pone en riesgo las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Según el comunicado difundido por la comisión directiva de la organización, el proyecto declara la emergencia sanitaria por dos años y medio, hasta el 15 de agosto de 2028, coincidiendo con la conclusión del mandato del presidente Santiago Peña.
La UNJPY consideró que ese plazo es excesivo para atender el déficit presupuestario y financiero del Programa de Salud del IPS, y advirtió que otorgar facultades extraordinarias por tanto tiempo a los mismos responsables de ese déficit representa un riesgo elevado.
La organización planteó que las acciones derivadas de la emergencia deberían limitarse al corto plazo, como máximo hasta diciembre de 2026, y centrarse exclusivamente en el déficit del Programa de Salud.
Sin embargo, remarcó que el proyecto en estudio también habilita acciones sobre las inversiones y colocaciones de las reservas técnicas del Fondo de Jubilaciones, así como la modificación de la Ley de la Superintendencia de Jubilaciones.
«El Proyecto de Ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos», señaló la UNJPY, en referencia al principio de estanqueidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones que garantiza el artículo 95 de la Constitución Nacional.
La entidad basó su advertencia en un análisis técnico de los artículos del proyecto de ley, referidos al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS.
El documento fue puesto a disposición de los legisladores, autoridades nacionales, del titular de la Superintendencia de Jubilaciones, Isaías Fretes, de organizaciones de asegurados, sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay.
La UNJPY solicitó que el proyecto sea postergado para su discusión «abierta, franca y transparente» en audiencia pública y en las comisiones asesoras correspondientes.
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