La Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, a cargo de la agente fiscal Betti Britez, presentó la acusación el 9 de septiembre ante la jueza penal de garantías, y solicitó la apertura a juicio oral y público contra Fernández Yegros; las tesoreras municipales Verónica Acosta Cantero y Gladys Fernández Flecha; y los contratistas María Liz Fleitas y Oscar Rodas.
Según la acusación, entre 2021 y 2022 la Municipalidad de Valenzuela suscribió dos contratos financiados con fondos de Fonacide: uno por G. 124.300.000 para la carga de ripios en caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada, y otro por G. 174.931.000 para la construcción de un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, cerca de la Escuela Básica N.º 2246 Santa Catalina. La fiscalía sostiene que ninguna de las dos obras fue realizada, pese a que los montos fueron abonados en su totalidad, lo que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 299.231.000.
De acuerdo con el escrito fiscal, un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) determinó que la obra de Cerro Corá Cañada nunca llegó a adjudicarse formalmente y sigue registrada como «planificada». En el caso del empedrado de Juan Cancio Flecha, la pericia técnica y testimonios de vecinos y de un exdirector de la escuela local coincidieron en que esa obra fue construida entre 2012 y 2013, muchos años antes de la fecha del contrato investigado.
La causa se originó en una denuncia presentada en marzo de 2025 por cinco concejales electos de Valenzuela, quienes alertaron sobre irregularidades detectadas en los registros de la Contraloría General de la República (CGR). Según la acusación, la intendenta remitió a la CGR y a la DNCP documentación con datos que no coincidían con la realidad de las obras, entre ellos fotografías y comprobantes correspondientes a otras localidades.
Los cargos por acusado
La fiscalía imputa a Mirtha Fernández Yegros, en su carácter de intendenta, los hechos de lesión de confianza (artículo 192, inciso 1º del Código Penal), producción inmediata de documentos públicos de contenido falso en su modalidad de uso (artículo 246, inciso 1º) y declaración falsa (artículo 243, inciso 1º), todos en concordancia con el artículo 29, inciso 1º.
A las tesoreras municipales Verónica Acosta Cantero y Gladys Fernández Flecha, la fiscalía las acusa de lesión de confianza (artículo 192, inciso 1º, con el artículo 31) y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (artículo 250, inciso 1º), en concordancia con el artículo 29, inciso 1º, por haber autorizado los pagos y firmado las órdenes correspondientes.
A los contratistas María Liz Fleitas, propietaria de MLF Proyectos y Construcciones, y Oscar Rodas, propietario de La Constructora OR, se los acusa de lesión de confianza (artículo 192, inciso 1º, con el artículo 31) y producción de documentos no auténticos (artículo 246, inciso 1º, con el artículo 29, inciso 1º), por haber aportado facturas, recibos y actas de obra que, según el Ministerio Público, no correspondían a trabajos realmente ejecutados.
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