Duarte, quien anteriormente se desempeñó como director académico del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), explicó que durante su gestión el organismo recibió consultas del Ministerio Público y del Viceministerio de Educación Superior sobre la situación de la carrera de Derecho vinculada al caso.
Según su testimonio, la respuesta del CONES fue siempre la misma: la carrera “nunca ingresó al catastro de carreras”. Explicó que este registro fue establecido luego de la creación del Consejo Nacional de Educación Superior y que permite reconocer las carreras implementadas de acuerdo con las normativas vigentes.
Duarte señaló que una intervención realizada por el CONES determinó que la carrera no contaba con una implementación efectiva ni cumplía con los requisitos establecidos por la normativa. Por ese motivo, sostuvo que, desde la perspectiva del organismo regulador, “esta carrera nunca existió”.
El titular de la ANEAES también cuestionó un eventual argumento basado en la irretroactividad de la ley. Según explicó, ese principio no podría aplicarse en este caso porque, a su criterio, no existió una carrera formalmente constituida bajo la normativa anterior que luego pudiera ser sometida a una regulación posterior.
“Pudo haber habido clases, pudo haber habido profesores incluso, pudo haber habido algo que se parezca a una carrera, pero nunca fue una carrera que haya tenido real implementación según los estándares”, manifestó.
Cuestionamientos al registro del título
Consultado sobre cómo fue posible que posteriormente se registrara el título de Rivas ante el Ministerio de Educación, Duarte apuntó a una presunta irregularidad en el proceso de inscripción.
“Uno de los requisitos para registrar títulos ya en ese momento, según las normativas del Ministerio de Educación, obviamente era que la carrera tenga inserción en el catastro del CONES”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que corresponde determinar cómo se concretó el registro y quiénes fueron responsables de ese procedimiento, mencionando a funcionarios de la administración del entonces ministro Eduardo Petta y del Viceministerio de Educación Superior.
Durante su declaración, Duarte también consideró que el caso trasciende la situación particular de Rivas y expone debilidades del sistema de regulación de la educación superior.
Lo calificó como “el síntoma de un sistema que se afianzó ante la debilidad de los órganos reguladores y la complicidad de muchos elementos del Estado paraguayo” y sostuvo que el proceso debe servir para fortalecer los mecanismos de control sobre las instituciones y carreras universitarias.
Finalmente, destacó la importancia de que las instituciones educativas puedan demostrar mediante procesos de evaluación y acreditación que cuentan con docentes, investigación y condiciones adecuadas para formar a sus estudiantes.
“Nosotros tenemos que dar señales fuertes, claras, contundentes”, afirmó Duarte, al señalar que la credibilidad del sistema educativo y la confianza de las familias están en juego.
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