La Justicia autorizó el traslado de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, a la Penitenciaría Regional de Emboscada «Padre Juan Antonio de la Vega». La resolución autoriza al director del penal a recibirlo y ordena que el médico o paramédico de la institución emita un informe general sobre su estado de salud al momento de ingresar. Los informes médicos del penal de origen, junto con el último informe elaborado en Emboscada, deberán archivarse en su legajo administrativo.
El traslado se produce un día después de que Robles se entregara a la Justicia, el 10 de setiembre, para cumplir una pena de 10 años de prisión por instigación a la lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Cómo se entregó
Robles se presentó por su cuenta, sin compañía de familiares ni abogados, en la oficina de guardia del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en el barrio Trinidad de Asunción. Tras verificar su identidad en el sistema y realizarle los chequeos médicos correspondientes, quedó bajo custodia policial a disposición del juez de ejecución penal Carlos Luis Mendoza.
El esquema de corrupción
La Justicia determinó que Robles formó parte del esquema que desvió G. 5.105.600.000 (unos USD 700.000) de los fondos de emergencia sanitaria destinados a la reactivación económica durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021. Según la Fiscalía, el dinero se entregó a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para supuestas obras de infraestructura y asfaltado que ya habían sido construidas antes de que se desembolsaran los fondos, sostenidas con 14 «obras fantasmas» respaldadas en facturas falsas y clonadas.
El «gobernador de facto»
Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia concluyó que Robles fue quien ideó, lideró y controló operativamente todo el esquema, y que el dinero desviado terminó en su poder. Aunque el gobernador oficial de la institución era el exfutbolista y animador de televisión Hugo Javier González, Robles ejercía el verdadero poder administrativo, motivo por el cual era conocido internamente como el «gobernador de facto».
Por qué se entregó ahora
Robles había pasado seis meses en prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú, tras lo cual un tribunal le otorgó la libertad ambulatoria provisional mientras sus abogados apelaban la condena. Su entrega se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara de manera definitiva los recursos planteados por su defensa, dejando firme la pena de 10 años. Al quedar firme la sentencia, el Juzgado de Ejecución ordenó rematar sus bienes y ejecutar la caución real que había presentado para permanecer en libertad, que superaba los G. 4.700 millones e incluía propiedades en Lambaré, Ñemby, San Bernardino y Belén.
La entrega de Robles se produjo un mes después de la de González, quien continúa internado en el Hospital Nacional de Itauguá por una lesión neurológica de alto impacto, tras ser detenido en agosto de 2026 por la misma causa.
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