La UIA, SITRANDE, SIPRA y APROANDE difundieron una carta abierta en la que sostienen que, de acuerdo con los documentos públicos disponibles, el reclamo de la empresa sería improcedente.
Según los gremios, el contrato firmado entre ANDE y Atome en 2022 no establecía una tarifa eléctrica fija, sino que contemplaba la aplicación de las modificaciones futuras del pliego tarifario. Además, las tres adendas posteriores solicitadas por la empresa tampoco habrían modificado ese régimen.
La organización señala que en noviembre de 2025 Atome solicitó un contrato de al menos 20 años, una tarifa fija de US$ 30 por MWh durante los primeros 10 años y la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional. Estas condiciones, según la carta, no fueron aceptadas por la ANDE.
Los gremios también cuestionan que Atome vincule su eventual reclamo con la derogación de decretos que establecían condiciones especiales para proyectos de “Energía a X”. Sostienen que esas normas no mencionaban a Atome ni modificaban el contrato vigente desde 2022.
Los sindicatos afirman además que Atome avanzó con su decisión final de inversión en abril de 2026, pese a que las modificaciones solicitadas a la ANDE no habían sido aprobadas.
Finalmente, los gremios consideran que el anuncio de arbitraje constituye una medida de presión para obtener condiciones tarifarias privilegiadas y pidieron a las autoridades mantener una posición firme en defensa de los intereses de la ANDE y de los consumidores paraguayos.
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