La Fiscalía, representada por Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, solicitó 12 años de pena privativa de libertad. La defensa, a cargo de la abogada Alba Zaracho, presentará sus alegatos finales a partir de las 09:30.
El proceso contra Rivas, exlegislador de la ANR (Honor Colorado), se centra en el título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana y en los documentos posteriores que, según la acusación, le permitieron obtener la matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia y ser designado representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que llegó a presidir.
El Ministerio Público sostiene que los hechos «han quedado plenamente acreditados» y que la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título «carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable».
La defensa calificó de infundado el pedido fiscal. Sostiene que las inconsistencias documentales se deben a desorden administrativo de la Universidad Sudamericana y del Ministerio de Educación y Ciencias, y que esas falencias no pueden atribuirse al entonces alumno. También cuestionó que se pretenda responsabilizar a Rivas por irregularidades de la casa de estudios. El exsenador se abstuvo de declarar, en ejercicio de su derecho constitucional.
En mayo de 2026, la Sala Penal de la Corte Suprema anuló el sobreseimiento que había dictado un Tribunal de Apelación y ordenó que la causa se elevara a juicio oral. Rivas renunció a su banca poco después de ese fallo.
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