La fiscal Patricia Sánchez afirmó que la condena de ocho años de cárcel contra el exsenador Hernán Rivas, por el uso de un título falso de abogado, no cierra la investigación, sino que da paso a otras causas derivadas. «Convengamos que nos consta que surjan más investigaciones; el mismo Ministerio de Educación también formuló una denuncia similar al respecto, entonces esto no tiene por qué acabar acá», afirmó.
Según explicó, existen causas derivadas contra el exrector de la Universidad Sudamericana, Euclides Acevedo; el exdecano de la carrera de Derecho, Óscar Rodríguez Kennedy, y el exministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta. La fiscal indicó además que, durante el juicio oral, se detectaron irregularidades vinculadas a presuntos testimonios falsos, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. «También se dan remisiones de lo que solicitamos por testimonio falso», dijo.
Sánchez calificó la condena como histórica. «Ocho años no es poco, es una sanción penal altísima. Es un hecho punible contra la prueba documental, no de carácter patrimonial, contra la vida o contra la integridad física de otra persona», explicó, y remarcó que incluso hubo un voto en disidencia dentro del Tribunal que proponía una pena mayor, de 14 años, en contra del propio acusado. «No hay otra condena igual contra la prueba documental. El Ministerio Público no puede quedar insatisfecho», agregó.
La fiscal destacó además la gravedad de que el título irregular le haya permitido a Rivas integrar y llegar a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). «Le permitió asumir una función más que delicada en Paraguay, que es el JEM, el órgano constitucional que depura justamente los componentes del Poder Judicial», sostuvo.
Sobre el cumplimiento efectivo de la pena, Sánchez aclaró que la ejecución de la condena queda ahora en manos del Poder Judicial. «Que se cumpla o no la condena depende del Poder Judicial, porque el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia consideró que las medidas cautelares vigentes son suficientes para asegurar que, cuando quede firme, pueda cumplirse la condena. Eso puede variar ante cualquier circunstancia», explicó. Agregó que, una vez firme la sentencia, será el fuero de ejecución el encargado de definir cuestiones como la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
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