El Tribunal de Sentencia condenó a 8 años de cárcel al exlegislador Hernán Rivas por el uso de su título falso de abogado. La fiscal del caso, Patricia Sánchez, celebró la decisión judicial.
«En lo particular puedo decir que se culmina de manera exitosa por lo menos esta etapa, la acreditación de unos hechos que son complejos de probar porque es desacreditar documentos que están validados. Acá lo que se cuestionó es la veracidad del contenido de esos documentos que fueron validados, utilizados y surtió todos los efectos posibles», explicó Sánchez.
Sobre la gravedad del caso, la fiscal sostuvo: «Más delicado dentro del sistema de justicia porque permitió que una persona que no cursó la carrera de abogado se le haya certificado como tal, no habiendo cumplido con los requisitos académicos, y le permitió asumir una función más que delicada en Paraguay que es el JEM, que es el órgano constitucional que depura justamente los componentes del Poder Judicial».
La agente del Ministerio Público destacó que hubo un voto en disidencia que pedía 14 años. «8 años no es poco, es un hecho punible contra la prueba documental, no es un hecho de carácter patrimonial, contra la vida o contra la integridad física de otra persona. Es contra la prueba documental y la modalidad agravada. Probar y obtener esta sanción penal es altísima, no hay otra condena igual contra la prueba documental. El Ministerio Público no puede quedar insatisfecho», expresó.
Sánchez anunció que hay otras causas derivadas contra el exrector Euclides Acevedo, el exdecano Oscar Rodríguez Kennedy y el exministro de Educación Eduardo Petta. «También se dan remisiones de lo que solicitamos por testimonio falso. Y convengamos que nos consta que surjan más investigaciones, el mismo Ministerio de Educación también formuló una denuncia similar. Esto no tiene por qué acabar acá», dijo.
Sobre el cumplimiento de la pena, aclaró: «Que ya se cumpla o no la condena depende del Poder Judicial porque finalmente el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia consideró que las medidas cautelares vigentes a la fecha son suficientes para asegurar que cuando quede firme pueda cumplirse la condena».
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