En su primer informe, divulgado a mediados de junio, la Contraloría General de la República señaló irregularidades y desprolijidades en el proceso de adjudicación y ejecución de la red 5G a favor de Nubicom SRL, una empresa con sede en Salta, Argentina.
“La experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones podría ser probada mediante una copia de la licencia y declaración jurada en la que se indique la cantidad de abonados. Estos documentos de respaldo demostrarían ser insuficientes en el desarrollo del proceso de otorgamiento de la licencia, en el caso específico de la empresa de origen argentino, Nubicom SRL”, resalta en una parte el documento.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exigía a los oferentes contar con al menos 10.000 abonados. Sin embargo, Nubicom no habría presentado documentación suficiente para demostrar que cumplía con ese requisito. A esto se suma la falta de información clara sobre la cantidad de usuarios que utilizan efectivamente su servicio 5G en Paraguay.
En su informe, el ente contralor remarcó que la Conatel, como autoridad reguladora y responsable del otorgamiento de la licencia, debe “fortalecer el ejercicio de su competencia institucional e indelegable de fiscalización”.
Pese a las inconsistencias detectadas, la Contraloría no encontró elementos suficientes en su primera revisión para recomendar la revocación o nulidad de la adjudicación.
No obstante, la fiscalización de la ejecución contractual abre una nueva etapa de control sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa.
Ahora podría pedir la rescisión
El contralor general de la República, Camilo Benítez, había señalado a Ñandutí que, una vez cumplido el primer plazo establecido, el 13 de octubre, avanzarían con las verificaciones sobre las inversiones realizadas por Nubicom.
“Hay un informe preliminar en cuanto a la adjudicación, en ese análisis no pudimos recomendar una revocación o nulidad de la adjudicación”, explicó Camilo Benítez en una primera parte.
El segundo informe, cuya remisión estaba prevista para las próximas semanas, se centrará en la ejecución del contrato y las inversiones que debía realizar la empresa. Entre los puntos a verificar se encuentra la instalación de 22 estaciones radiobases que fueron objeto de inspección.
“La duda que todos tenemos es que si esta empresa chiquitita de la provincia de Salta, tiene la espalda financiera para sostener las inversiones. Si nosotros vemos que esta empresa no puede sostener las inversiones podríamos solicitar la rescisión del contrato”, sostuvo el contralor.
De esta manera, el resultado de la fiscalización podría abrir la posibilidad de solicitar la rescisión contractual si se comprueba que Nubicom no tiene capacidad para sostener las inversiones comprometidas. La decisión deberá sustentarse en los resultados del proceso de control y en las disposiciones contractuales aplicables.
Sin respuestas sobre las inversiones ni los usuarios
Este medio intentó obtener información sobre el estado de las inversiones de Nubicom, en particular sobre la ubicación y puesta en funcionamiento de las estaciones radiobases, pero no obtuvo respuestas.
Desde el departamento de Comunicación de la Conatel indicaron que las consultas debían dirigirse al miembro suplente del directorio, el ingeniero Víctor Martínez. Sin embargo, pese a los reiterados mensajes y llamados, no hubo retorno.
Por otra parte, informes que trascendieron en las últimas horas señalan que Nubicom tendría apenas dos usuarios activos en su red 5G. No obstante, hasta el momento no se cuenta con información oficial que permita confirmar esa cifra ni identificar a los clientes que estarían utilizando el servicio.
Un vínculo familiar bajo cuestionamiento
Otro aspecto que requiere aclaración es el vínculo familiar entre directivos de Nubicom y un funcionario de la Conatel.
El CEO de Nubicom, Osmar Alberto Coronel Cabrera, es hermano de Daniel Froilán Coronel Cabrera, gerente de Servicios de Telecomunicaciones de la Conatel, quien habría participado en la evaluación de las instalaciones.
Esta relación plantea interrogantes sobre las garantías de independencia y transparencia en los procedimientos de evaluación y fiscalización. Corresponde a la Conatel aclarar el alcance de la participación del funcionario, los mecanismos de control aplicados y si se adoptaron medidas para prevenir eventuales conflictos de intereses.
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