Los empresarios del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) resolvieron, en una reunión general con sus socios, seguir operando solo hasta el 30 de noviembre si el Gobierno no regulariza las deudas pendientes y atiende los reclamos del sector. La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, sostiene que el subsidio está «al día».
El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, afirmó: «Esta situación no va más». Dijo que, en estas condiciones, es preferible liquidar los activos para honrar los pasivos y que otro prestador asuma el servicio. «Se imaginan lo que es prestar este servicio con las calles que tenemos, no hay infraestructura vial, todos los días rompemos los vehículos», comentó.
Ruiz Díaz aclaró que los subsidios se pagan en fecha, pero que hay un atraso de G 9.609 millones correspondiente a 2025. Según explicó, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, les presentó en la última reunión la resolución por la cual debía pagarse esa compensación, pero el Ministerio de Economía no liberó los fondos. «Pasaron 15 días de esa reunión y no se ha materializado, entonces nos mintió», sostuvo.
El dirigente atribuyó la situación a la falta de una mesa técnica para discutir la estructura de costos. Dijo que el MOPC no responde a los pedidos del sector porque «el que manda es el criterio del Ministerio de Economía, porque tiene la lapicera y el dinero». Sobre la base de cálculo del Gobierno afirmó que «se cae en pedazos».
La ministra Centurión respondió que el subsidio está al día y que la compensación se abonó hasta octubre del año pasado. Agregó que desde la cartera activaron los mecanismos de ajuste por la suba del precio de los combustibles. «Estamos al día con ellos, es necesario seguir conversando para apoyar las grandes reformas», dijo.
Ruiz Díaz replicó: «No sé por qué esta señora miente». Afirmó que el reclamo no es por un atraso del subsidio, sino por el uso de la planilla de ANTP, la empresa brasileña que el MOPC contrató para elaborar una estructura de costos. Según dijo, el trabajo ya terminó, se pagaron USD 102.000 y el documento está «guardado en un cajón», pese a que el viceministro había firmado un acto que establece que desde mayo se utilizaría esa planilla. Agregó que pidieron una audiencia a la ministra y no obtuvieron respuesta.
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