Representantes de los sectores productivo, industrial, comercial y de servicios presentaron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que reclaman decisiones inmediatas para enfrentar las consecuencias de la crisis de Ueno Bank, recuperar la confianza económica y preservar el grado de inversión del país.
El documento plantea una serie de medidas fiscales, económicas e institucionales y advierte que el Paraguay atraviesa una coyuntura que exige respuestas concretas.
«Paraguay no tiene más margen de error», expresa uno de los pasajes centrales de la nota, fechada el 10 de noviembre de 2026. Los gremios sostienen que la superación de la coyuntura política y el proceso de resolución bancaria colocan al país ante una encrucijada histórica, por lo que consideran indispensable garantizar instituciones independientes, rigor técnico y respeto al Estado de derecho.
Entre los firmantes figuran Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), e Iván Dumot, titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), además de representantes de FEPRINCO y numerosas organizaciones empresariales y sectoriales.
Reformulación del Presupuesto 2027 y reducción de gastos
Uno de los principales planteamientos apunta a reformular el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Los gremios consideran que el documento presentado al Congreso no refleja las prioridades que exige la actual crisis y cuestionan sus proyecciones de ingresos, gastos y reducción del déficit fiscal.
En ese contexto, solicitan ajustar el presupuesto a ingresos realistas, reducir el gasto corriente improductivo y eliminar privilegios corporativos, aumentos salariales que consideran injustificados y erogaciones superfluas. También proponen revisar los gastos en pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
La carta plantea que los recursos públicos sean reasignados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación. Además, reclama una reforma inmediata de la Caja Fiscal, la revisión del régimen médico de doce horas semanales y la cobertura de las vacancias estatales únicamente en áreas consideradas esenciales.
Los empresarios también cuestionan las consecuencias económicas que atribuyen a la crisis de Ueno Bank. En el documento estiman que los ahorros comprometidos involucran a casi tres millones de paraguayos, que el perjuicio para las arcas públicas podría ubicarse entre el 1,5% y el 2% del PIB y que se habrían perdido más de 5.000 puestos de trabajo, con riesgo de que esa cifra aumente.
Proponen destinar bienes recuperados a resarcir a ahorristas
Otro de los puntos planteados es establecer mecanismos legales para que los bienes recuperados de los responsables del caso Ueno Bank y liquidados a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) puedan destinarse a resarcir a los ahorristas que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, solicitan establecer por ley un registro actualizado diariamente sobre los depósitos de las instituciones públicas, que permita identificar los fondos de cada entidad estatal, el banco depositario, los montos, las modalidades y los plazos de colocación.
La propuesta también incluye controles sobre la recaudación de peajes, medidas de formalización económica y un mayor combate al contrabando, además de dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social para garantizar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaboración al Gobierno
En una segunda parte, las organizaciones firmantes ponen a disposición del Ejecutivo sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación presupuestaria y en las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre los compromisos mencionados figuran impulsar una agenda para atraer inversiones productivas, fortalecer los mecanismos de cumplimiento normativo y transparencia empresarial, y ejercer veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y los procesos de compras estatales.
La carta también sostiene que las responsabilidades por las irregularidades deben investigarse y sancionarse, independientemente de los cargos, vínculos políticos o poder económico de los involucrados.
«El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro», concluye el documento dirigido a Pedro Alliana.

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