En septiembre de 2023, a menos de un mes de la asunción del nuevo Gobierno, con Jorge Brítez al frente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) y Santiago Peña en la Presidencia de la República, se concretó una primera inyección de G. 70.000 millones a favor de la entonces Financiera Ueno S.A.E.C.A. La entidad, que había iniciado sus operaciones el 28 de febrero de 2022, según los registros del Banco Central del Paraguay, tenía como presidente a Carlos Carballo, quien posteriormente sería designado como titular del BCP.
La captación de semejante volumen de recursos por parte de una financiera representó un hecho sin precedentes y ya evidenciaba un trato preferencial que posteriormente derivaría en un verdadero escándalo.
Las maniobras avanzaron rápidamente. En septiembre de 2023, Carlos Carvallo dejó la presidencia de Financiera Ueno, luego de ser designado por Santiago Peña en el BCP. Posteriormente, firmó la Resolución N.º 22, Acta N.º 67, del miércoles 22 de noviembre, que autorizó la transformación de la entidad financiera en banco, dando nacimiento a Ueno Bank.
En junio de 2024, con Carvallo Spalding ya en el BCP, se concretó la absorción definitiva de Visión Banco por parte de Ueno Bank. La operación fue autorizada mediante la Resolución N.º 22 (Acta N.º 27), del 21 de junio de ese año.
Mientras tanto, Jorge Magno Brítez continuaba al frente del IPS y con las operaciones de colocación de recursos en la entidad bancaria que, en aquel entonces, todavía estaba vinculada al presidente Santiago Peña. El propio Peña declaró que recién vendió sus acciones de Ueno en 2025.
Antes de finalizar 2023, el IPS, siempre bajo la administración de Brítez, modificó su matriz de inversiones y flexibilizó los puntajes exigidos para las entidades financieras. Ese año, Ueno ya cerró con G. 250.170 millones bajo su control. Para marzo de 2024, la previsional había superado las alertas de seguridad: los depósitos alcanzaron G. 346.933 millones, por encima del límite del 100% del patrimonio efectivo de la entidad, en contravención al reglamento vigente desde 2005, que buscaba proteger los fondos de los aportantes.
Las colocaciones de recursos del IPS a favor de Ueno se aceleraron. En 2024, Jorge Brítez impulsó una inversión en bonos financieros de Ueno, en moneda local, por G. 250.000 millones.
Entre las resoluciones fechadas el 12 de noviembre de 2024 figura otra decisión cuestionada: el Consejo de Administración aprobó reducir la calificación de riesgo exigida a los bancos, pasando de la rigurosa categoría «A-Py con tendencia fuerte» a una genérica «A».
MÁS OBSERVACIONES
Con Ueno Bank convertido en uno de los principales receptores de los recursos del IPS, durante 2025 se multiplicaron los cuestionamientos. Para entonces, ya existían advertencias de que las colocaciones del fondo de jubilaciones en esa entidad financiera superaban los límites legales permitidos
Ya en ese año, los fondos sobrepasados en favor de Ueno Bank se sostuvieron por encima de la barrera del 11% del portafolio global del IPS.
La normativa establece que las inversiones en una sola entidad financiera no pueden superar el 10% del valor total del portafolio global administrado ni el 20% del pasivo exigible del emisor.
Sin embargo, durante ese año, las colocaciones a favor de Ueno Bank se mantuvieron por encima del límite del 11% del portafolio global del IPS, profundizando las alertas sobre la concentración de los recursos previsionales.
BIRLARON USD 515 MILLONES, SEGÚN DENUNCIA
Tras el escándalo desatado por la intervención y resolución de Ueno Bank, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, presentó ayer una denuncia penal contra los exdirectivos de la entidad financiera y funcionarios del BCP, por presuntas irregularidades vinculadas a las colocaciones de fondos y la falta de alertas sobre las operaciones.
La denuncia detalla que, de los USD 515 millones comprometidos en la cartera de Ueno Bank, poco más de USD 358 millones corresponden a colocaciones estratégicas de reservas técnicas, destinadas a garantizar el fondo de jubilaciones y las contingencias de largo plazo. Otros USD 157 millones pertenecen a cuentas operativas corrientes, utilizadas para el funcionamiento administrativo, la red sanitaria y el sostenimiento de los servicios de salud.
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