El Ministerio Público incorporó el hecho punible de asociación criminal a la causa contra el expresidente de la República y otras cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay. Según la investigación, habría existido una organización jerárquica que utilizó cargos públicos para proteger al banco, frenar controles y permitir que continuara captando fondos pese a las advertencias sobre su solvencia.
La Fiscalía amplió este viernes 13 de noviembre la imputación contra el expresidente Santiago Peña Palacios, a quien atribuye el presunto liderazgo de una estructura criminal que habría operado desde el aparato estatal para favorecer al Grupo Vázquez y Ueno Bank.
La nueva imputación, presentada mediante el Acta N.º 9 en la causa penal N.º 92/2026, incorpora el hecho punible de asociación criminal y alcanza también al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding; al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola; y a los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
Para los investigadores, las presuntas irregularidades no habrían sido decisiones aisladas. La hipótesis fiscal apunta a una organización con distribución de funciones, desde la dirección política hasta la supervisión bancaria, que habría permitido mantener las operaciones de Ueno Bank a pesar de las advertencias técnicas.
Peña habría encabezado la presunta estructura
El Ministerio Público sostiene que Santiago Peña habría actuado como jefe de la organización, utilizando su posición como presidente de la República para ubicar y mantener a personas de su confianza en cargos estratégicos del sistema financiero.
La imputación menciona su presunta intervención en decisiones relacionadas con la permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, así como reuniones reservadas con Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado financiero.
Según los fiscales, estas reuniones se habrían desarrollado incluso en Mburuvicha Róga, donde se investigan supuestas gestiones para impedir que los organismos reguladores adoptaran medidas que afectaran las operaciones del banco.
También se examinan presuntas contraprestaciones económicas vinculadas a esos encuentros, entre ellas referencias a entregas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y todavía deben ser acreditadas judicialmente.
Los vínculos económicos que investiga la Fiscalía
La relación de Peña con el conglomerado financiero constituye uno de los antecedentes centrales del expediente.
Según la imputación, en marzo de 2019 habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro, posteriormente vinculada a Ueno Holding, por aproximadamente G. 1.500 millones.
La Fiscalía investiga estas operaciones accionarias, sus movimientos posteriores y la eventual relación entre esos intereses económicos y las decisiones adoptadas durante su administración.
Otro hecho señalado es la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en septiembre de 2023, después de que este dejara la presidencia de Financiera Ueno en agosto del mismo año.
Para el Ministerio Público, esos vínculos habrían facilitado la conformación de una estructura de protección institucional.
Carvallo y el presunto bloqueo de los controles
La investigación atribuye a Carlos Carvallo un papel fundamental desde la presidencia del BCP.
Según los fiscales, habría impedido la activación oportuna de mecanismos de regularización, pese a los informes que advertían sobre problemas patrimoniales y operaciones cuestionadas de Ueno Bank.
También se investiga su participación en la elaboración y remisión de una respuesta institucional al Senado, fechada el 7 de octubre de 2026, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
El documento comunicaba que determinados excesos crediticios habían sido subsanados, aunque existían cuestionamientos internos sobre la validez de las operaciones utilizadas para corregirlos.
La Fiscalía busca establecer si esa información fue modificada deliberadamente para presentar una situación financiera distinta de la advertida por los técnicos.
Holger Insfrán y las advertencias de la Superintendencia
El exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán, también aparece señalado como uno de los presuntos integrantes de la estructura.
La Fiscalía sostiene que habría avalado operaciones cuestionadas, omitido la aplicación de sanciones y retenido advertencias técnicas relacionadas con la situación de Ueno Bank.
Entre los hechos investigados figura una cesión de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, comunicada en junio de 2026 como una operación destinada a corregir excesos crediticios.
Sin embargo, informes posteriores advirtieron indicios de que esa operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
Los investigadores consideran que la falta de medidas correctivas habría contribuido a prolongar las operaciones de la entidad.
Tres exdirectores del BCP bajo investigación
La ampliación también alcanza a Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, quienes integraban el Directorio del Banco Central.
La Fiscalía les atribuye presuntas omisiones frente a las advertencias sobre el deterioro financiero de Ueno Bank.
Marco Aurelio González habría participado en reuniones destinadas a modificar la respuesta institucional remitida al Senado. Además de asociación criminal y lesión de confianza, enfrenta imputaciones relacionadas con la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso.
Liana Caballero habría conocido las observaciones técnicas y recibido el proyecto de respuesta al Congreso, sin promover posteriormente su rectificación oficial. El expediente también recoge que dejó constancia de que recibir el documento no implicaba aprobarlo.
Miguel Ángel Mora habría presidido interinamente una sesión del Directorio en la que se resolvió abrir un sumario administrativo, sin adoptar simultáneamente medidas preventivas para restringir determinadas operaciones del banco.
Para el Ministerio Público, estas actuaciones y omisiones habrían contribuido a mantener la actividad de la entidad pese a las señales de deterioro patrimonial.
Las alertas sobre la solvencia de Ueno Bank
La investigación sitúa una etapa decisiva en junio de 2026, cuando comenzaron a tratarse formalmente advertencias sobre la situación financiera del banco.
Un memorando del 29 de junio cuestionó inversiones en REDISA y REDIPRO por aproximadamente G. 876.640 millones, que habrían agravado el déficit de solvencia de la entidad.
Posteriormente, informes técnicos también pusieron bajo sospecha la operación de cesión de cartera a Vinanzas S.A.
Según la hipótesis fiscal, las autoridades del BCP contaban con información suficiente para impulsar medidas de regularización y restricciones operativas, pero no actuaron oportunamente.
El informe al Senado y la continuidad de los depósitos
Uno de los episodios centrales ocurrió en octubre de 2026.
La Fiscalía investiga reuniones en las que se habría modificado una respuesta destinada a la Cámara de Senadores, suprimiendo advertencias sobre operaciones financieras observadas por los técnicos del BCP.
El 7 de octubre, Carvallo remitió la comunicación institucional que daba por corregidos determinados excesos crediticios.
Posteriormente, Ueno Bank continuó promocionando productos financieros para atraer depósitos, incluyendo campañas con reintegros de hasta el 50 % bajo determinadas condiciones.
El 2 de noviembre de 2026, el BCP dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatar un grave deterioro de sus indicadores de solvencia.
La Fiscalía investiga si la falta de intervención oportuna permitió aumentar la captación de dinero y agravó la exposición de los depositantes.
Más de G. 3,6 billones y USD 233 millones en depósitos públicos
El dinero público constituye otra de las principales preocupaciones de la investigación.
Según los datos oficiales incorporados al expediente, al cierre de septiembre de 2026 Ueno Bank registraba depósitos de organismos y entidades del Estado por aproximadamente G. 3.608.550 millones y USD 233,4 millones.
Entre los recursos bajo investigación figuran colocaciones de instituciones públicas y previsionales, además de la eventual exposición del Fondo de Garantía de Depósitos.
El Ministerio Público busca determinar si las decisiones y omisiones de las autoridades investigadas incrementaron el riesgo sobre esos fondos.
Estas cantidades representan depósitos registrados en la entidad y no equivalen automáticamente a pérdidas patrimoniales definitivas. La cuantificación del eventual perjuicio continúa pendiente.
¿Por qué se amplió la imputación?
La incorporación del hecho punible de asociación criminal responde a una nueva hipótesis del Ministerio Público: que las presuntas irregularidades habrían sido ejecutadas mediante una organización coordinada, con funciones distribuidas entre autoridades políticas y financieras.
En ese esquema, Peña habría ejercido la dirección política; Carvallo, el control de decisiones desde la presidencia del BCP; Insfrán, la supervisión bancaria; y los exdirectores, funciones relacionadas con decisiones regulatorias e informes institucionales.
La ampliación se suma a las imputaciones anteriores por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio atribuidas al exmandatario.
El fiscal Christian Benítez explicó que la incorporación de asociación criminal no modifica la expectativa máxima de pena de 15 años que ya se manejaba para Peña.
Detenciones y medidas solicitadas
En el marco de la ampliación, Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para González y arresto domiciliario con tobillera electrónica para Caballero y Mora.
También requirió restricciones sobre bienes, identificación de cuentas bancarias y eventuales medidas de inmovilización de activos para resguardar posibles reparaciones patrimoniales.
La audiencia de imposición de medidas para los tres exdirectores fue prevista ante el juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien deberá resolver los pedidos fiscales.
Estas medidas no quedan automáticamente concedidas por la presentación de la imputación.
¿Qué viene ahora en la investigación?
El Ministerio Público solicitó seis meses para presentar su requerimiento conclusivo.
Durante ese periodo continuará examinando documentación bancaria, informes técnicos, comunicaciones institucionales, movimientos financieros y decisiones adoptadas por las autoridades investigadas.
También se esperan informes de organismos estatales y previsionales, además de diligencias de cooperación internacional destinadas a identificar bienes y reconstruir el recorrido de los fondos.
La Fiscalía deberá determinar el alcance de las presuntas responsabilidades individuales y cuantificar el eventual daño patrimonial.
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