El Ministerio Público ordenó la detención de Aldo Javier Rodríguez, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la causa penal n.º 92/2026, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la situación financiera de Ueno Bank.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal n.º 10 por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Rodríguez habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico elaborado por la Superintendencia de Bancos y remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Las presuntas alteraciones habrían dejado fuera información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank S. A. y las advertencias vinculadas a una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones.
La hipótesis fiscal sostiene que el funcionario habría actuado de manera coordinada con otras autoridades del BCP y participado en la elaboración y validación de documentos que presuntamente contenían información falsa. Además, el 9 de octubre de 2026 habría acudido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Para el Ministerio Público, estas actuaciones podrían haber dificultado el control parlamentario sobre la situación de la entidad bancaria y retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras la institución continuaba realizando operaciones financieras.
La causa también contempla la posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos, así como la exposición de fondos públicos y previsionales que se encontraban depositados en la entidad. No obstante, la existencia y el alcance de un eventual perjuicio patrimonial todavía deben ser determinados durante la investigación.
La orden de detención fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional mediante el Oficio n.º 310, a fin de que el investigado sea puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
La causa investiga presuntos hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La investigación continúa y las conductas atribuidas a Rodríguez deberán ser comprobadas en el proceso judicial, bajo el principio de presunción de inocencia.
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