En Paraguay, cuando se comete un delito de acción penal pública, la ley dice que quien debe perseguirlo es el Ministerio Público. La víctima puede entrar al proceso, puede controlar, puede impugnar, pero en los papeles sigue siendo una acompañante. Se llama querellante adhesivo. Acompaña. Adhiere. No dirige.
Esa es la figura que el profesor Fabián Centurión pone en el centro de su obra, publicada por Intercontinental Editora en su segunda edición, actualizada y ampliada. Son más de 489 páginas que nacieron como tesis doctoral, aprobada en la Universidad Nacional de Pilar, y que hoy se presentan como un manual para litigar y, al mismo tiempo, como una propuesta de reforma.
El autor lo advierte desde la primera página de su presentación: la figura del acusador privado o querellante particular, aunque es propia y tradicional en Paraguay y en la tradición jurídica latinoamericana, resulta una inagotable fuente de discusiones y debates.
Y el debate, según el libro, ya no es teórico. Está en los tribunales todos los días.
Del dolor a la acusación
El libro empieza por donde empiezan todas las palabras que duelen: por su origen.
Querella, según el Diccionario de la RAE que cita el autor, deriva del latín *querella*: expresión de dolor físico o de un sentimiento doloroso, discordia, y en derecho, acusación ante juez competente con que se ejecutan en forma solemne y como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito.
Desde ese enfoque sencillo, el autor define a la querella como el acto jurídico procesal con el que se inicia una causa criminal a instancia de la víctima, constituyéndose en parte acusadora en la causa penal que así se inicia.
Pero enseguida aparece la pregunta que atraviesa toda la obra: ¿esa acción del particular damnificado se desenvuelve independientemente o siempre depende del fiscal?
Para responder, el doctor Centurión hace un recorrido histórico que va de la época colonial a la post Guerra del 70, pasa por el Código de Procedimientos Penales de 1890 y llega a los proyectos de reforma de Carlos R. Centurión, de Riquelme y al anteproyecto de 1993 del Ministerio Público. Después compara a Paraguay con sus vecinos y con Europa.
La propuesta: un querellante que sí puede actuar
Centurión propone una figura intermedia: el querellante conjunto autónomo.
No reemplaza al fiscal. Pero ya no es un simple adhesivo. Puede provocar la persecución o intervenir en la ya iniciada, pedir solo medidas cautelares, oponerse cuando el fiscal pide desestimar, decir que quiere acusar, precisar y ampliar su acusación. Y el juez puede elevar la causa a juicio oral sin quedar supeditado al Ministerio Público.
Se apoya en jurisprudencia, incluido el voto del entonces ministro de la Corte, Prof. Dr. José V. Altamirano Aquino, a favor de declarar inconstitucional el art. 358 del Código Procesal Penal. Y aclara que no busca criticar al Ministerio Público, sino mejorar el lugar del querellante en el sistema acusatorio.
¿Quién puede ser querellante?
Mucho más que la víctima directa. También el cónyuge o conviviente, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad, el representante legal, el heredero testamentario si la víctima muere, y los socios cuando el delito afecta a una sociedad.
El libro amplía la mirada con fallos sobre prueba documental, medio ambiente, declaración falsa y denuncia falsa. Y dedica un capítulo a las personas jurídicas de derecho público como querellantes: municipalidades, gobernaciones, INTN, INDERT, DIBEN, INDI, FONDEC, CNV, CONATEL, DINATRAN, ERSSAN, INCOOP, SENACSA, IPA, SENAVE, DNCP, INFONA, IPTA, DINACOPA, DINAPI, SEDECO, CONACOM, entre otras. ¿Puede el Estado actuar como víctima? El autor también trae jurisprudencia argentina sobre la AFIP para debatirlo.
Ser querellante tiene un costo
El libro ordena lo que puede hacer el querellante en cada etapa: pedir pruebas, intervenir en incidentes y salidas alternativas, actuar en la fase intermedia y en el juicio oral, incluso en extradición.
Y recuerda dos avances de la Corte Suprema: el querellante debe ser notificado en igualdad de condiciones que el fiscal, sobre todo de la admisión de la imputación, y puede intervenir en igualdad en un procedimiento abreviado.
Pero también pone los deberes sobre la mesa: buena fe, seriedad, y costas. Ser querellante implica tributos, gastos, honorarios y riesgo de condena en costas. No basta tener legitimación. Hay que sostener la querella.
La conclusión es lógica. Si la Corte ya reconoce igualdad en notificación e intervención, si la víctima ya puede impugnar y pedir pruebas, el modelo adhesivo puro quedó superado por la práctica. Falta adecuar la ley.
Del libro al escrito
Lo más útil para quien litiga está al final: 12 modelos de escritos desde un caso hipotético. Desde la promoción de la querella y el pedido de imputación, hasta la acusación, la rebeldía, la prisión preventiva, las cautelares reales, la recusación, la oposición a la desestimación, las diligencias, la suspensión condicional, el abreviado y la conciliación.
Justo los momentos donde el querellante suele quedar en desventaja: cuando el fiscal no imputa, cuando pide desestimar, cuando se discute una cautelar o se negocia una salida.
El autor cierra con una dedicatoria personal: a Dios y al Espíritu Santo como fuente de inspiración, y a sus padres, Rodolfo H. Centurión Ortiz y Baudelia Fabiana Ortiz, por enseñarle la importancia de la lectura y la investigación científica.
Un libro para dejar de mirar el proceso desde afuera.

Deja una respuesta