La acusación también alcanza a Guido Javier Díaz Domínguez, señalado por el Ministerio Público como cómplice del mismo hecho punible. Ambos están procesados en el marco de una investigación derivada del análisis de conversaciones extraídas del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Según la hipótesis fiscal, Arévalo habría solicitado y aceptado beneficios indebidos cuando se desempeñaba como miembro del JEM. La investigación sostiene que Gomes habría endosado tres cheques por un valor total de G. 202 millones para servir como garantía de un préstamo que el entonces legislador no podía obtener por sí mismo. A cambio, presuntamente debía favorecer a una agente fiscal sometida a un proceso disciplinario ante el órgano extrapoder.
Los fiscales sostienen que la acusación se encuentra respaldada por un importante volumen de evidencias reunidas durante la investigación. Entre ellas figuran la extracción de datos del teléfono de Gomes, informes de compañías telefónicas, documentos de la Corte Suprema de Justicia, expedientes judiciales e informes de unidades especializadas del Ministerio Público.
En relación con Guido Javier Díaz, la Fiscalía afirma que habría colaborado activamente en la concreción de la operación financiera investigada, con conocimiento de la supuesta contraprestación que se esperaba de Arévalo en su condición de integrante del JEM.
La causa se enmarca en las investigaciones surgidas tras la difusión de los chats atribuidos a Eulalio “Lalo” Gomes, que dieron origen a varias pesquisas por presuntas negociaciones irregulares y tráfico de influencias dentro del sistema de justicia. El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá analizar ahora el requerimiento conclusivo presentado por el Ministerio Público y resolver si el caso es elevado a juicio oral y público.
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