Según recordó, el hecho ocurrió el 10 de febrero de 2024 en un establecimiento ubicado en la compañía Ypeka’ẽ de Villeta. De acuerdo con la investigación fiscal, los delincuentes ingresaron al lugar simulando ser personas interesadas en pescar en la zona. Una vez dentro, redujeron al capataz, a su esposa embarazada y a su hijo menor de edad, a quienes mantuvieron retenidos bajo amenazas con armas de fuego mientras se desarrollaba el operativo.
Báez señaló que los responsables tuvieron varias horas para seleccionar y cargar los animales robados. En total, fueron sustraídas 110 cabezas de ganado Angus, consideradas de alto valor comercial. Los animales fueron transportados en tres camiones y posteriormente trasladados hasta una propiedad ubicada en Ypané, donde funcionaba una matadería clandestina.
El abogado sostuvo que la causa no se limita a un hecho de abigeato, sino que involucra otros delitos graves como privación de libertad, robo agravado y presuntos hechos de corrupción relacionados con los controles sanitarios y de transporte.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de funcionarios encargados de los controles. Según la acusación fiscal, determinadas personas habrían facilitado el traslado del ganado sin la documentación correspondiente. Para la querella, este elemento demuestra que existió una planificación previa y una estructura organizada para concretar el ilícito.
Durante los allanamientos realizados días después del robo, las autoridades lograron recuperar 21 animales vivos pertenecientes a la empresa afectada. Sin embargo, el resto del ganado ya habría sido faenado o comercializado. Báez reveló que, según declaraciones incorporadas al expediente, parte de los animales fueron faenados menos de 24 horas después de haber sido sustraídos.
El representante legal de la estancia calificó la causa como «el caso de abigeato más emblemático del Departamento Central» y aseguró que existen abundantes elementos probatorios contra los procesados. En ese sentido, destacó la labor desarrollada por la fiscal Olga González Ramírez y por agentes de la Policía Nacional que participaron de la investigación.
La causa ya fue elevada a juicio oral para Carlos Antonio Jara Mora, Marcial Ramón Vergara Notario, José Vicente Vallejos Alonso y Diosmedes Leguizamón Contrera. En tanto, la situación procesal de Richard Esteban Morínigo Rodríguez y Milciades Zarza Aguilera deberá resolverse en nuevas audiencias preliminares.
Además, continúa prófugo José Vicente Vallejos Ayala, quien cuenta con orden de captura desde 2024 y es considerado por los investigadores como una pieza clave dentro del esquema investigado.
Báez afirmó que espera una condena ejemplificadora para los responsables y sostuvo que el caso podría marcar un precedente importante en la lucha contra el abigeato, un delito que calificó como un «flagelo» para el sector ganadero y para la economía del país.
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