Mientras el medicamento autorizado en el vecino país ronda los 1.400 reales mensuales, las versiones paraguayas cuestan aproximadamente 460 reales, apenas un tercio del valor. Esta brecha económica ha convertido al producto en objeto de deseo y disputa legal.
El problema no sería la calidad del producto paraguayo; sino que se trataría de una competencia demasiado grande para las farmacéuticas brasileñas, advirtiendo que la calidad del fármaco nacional podría incluso superar los estándares locales.
La situación alcanzó niveles masivos: solo entre enero y mayo de este año, el Servicio Federal de Hacienda de Brasil incautó más de 414.000 unidades de medicamentos irregulares, de los cuales el 80% proviene de Paraguay. Esta alta demanda ha derivado incluso en hechos de inseguridad, como asaltos a camiones de carga en territorio brasileño.
Actualmente, existen al menos 12 demandas en tribunales federales de estados como Ceará, Alagoas y Río Grande del Sur, donde los jueces han autorizado la importación bajo el argumento de «uso personal», a pesar de la prohibición de Anvisa.
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