Según el reporte oficial, el agente fiscal Silvio Corbeta comunicó el avance del proceso penal vinculado a supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia en la Intendencia de Ciudad del Este.
El Caso Tajy investiga presuntas irregularidades cometidas en el marco de contrataciones realizadas por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión del exintendente Miguel Prieto. De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos habrían generado un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 306.188.500, en una operación registrada el 11 de junio de 2020.
En total, son 13 las personas procesadas en esta carpeta fiscal. Entre ellas figura Miguel Prieto como principal imputado, junto a otros exfuncionarios y personas vinculadas a las presuntas contrataciones.
La Fiscalía solicitó la realización de audiencias específicas para la imposición de medidas cautelares a los procesados. Estas audiencias tienen como objetivo principal garantizar la comparecencia de los imputados a las etapas procesales posteriores y asegurar el normal desarrollo de la causa. El avance se produce tras una serie de dilaciones previas en el expediente, originadas principalmente por recusaciones y recursos presentados por las defensas, que habían postergado instancias como la audiencia preliminar.
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, es el magistrado a cargo del caso y será quien resuelva durante las audiencias sobre las medidas cautelares que correspondan aplicar, de acuerdo con los pedidos del Ministerio Público y las circunstancias de cada procesado.
El Ministerio Público reitera que continúa impulsando las investigaciones en causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción, con el fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades conforme a las pruebas incorporadas al expediente.
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