En entrevista con Ñandutí, afirmó que el país perdió «una magnífica oportunidad» para transformar el funcionamiento del Poder Judicial.
Rivas explicó que el caso afectó tres pilares esenciales de cualquier institución: la organización, la gestión y la legitimidad.
A su criterio, la estructura de los juzgados de paz facilitó la comisión de las irregularidades, mientras que las deficiencias en la tramitación y el control de los expedientes permitieron que el esquema se mantuviera durante años, deteriorando la confianza ciudadana en la Justicia.
La especialista consideró que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso concentraron sus esfuerzos en investigar los hechos y sancionar a los responsables, pero dejaron pasar la posibilidad de discutir cambios estructurales.
En ese sentido, sostuvo que el debate debió incluir una reforma integral de los juzgados de paz, revisando su organización, funcionamiento y mecanismos de control.
Asimismo, advirtió que el escándalo terminó opacando la verdadera función de estos juzgados, que diariamente atienden casos de violencia familiar, medidas de protección, conflictos de menor cuantía y otros procesos de acceso directo para la ciudadanía.
Por ello, señaló que reducir estas dependencias únicamente al caso de los pagarés resulta una visión incompleta del problema.
Finalmente, Rivas llamó a fortalecer el control ciudadano sobre las instituciones y afirmó que la percepción de una justicia alejada de la población «no es solamente una sensación, sino una realidad».
A su criterio, recuperar la credibilidad del sistema requiere una ciudadanía más activa, mayor rendición de cuentas y reformas profundas que impidan la repetición de esquemas de corrupción como el destapado por la denominada «Mafia de los Pagarés».
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