La Ley N° 642/95 – De Telecomunicaciones, que rige y define el funcionamiento, el marco jurídico, las funciones y la estructura organizativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), señala en su artículo 9 que los miembros titulares y suplentes del Directorio de la institución deben tener “idoneidad en la materia”, para ejercer el cargo.
Para ocupar un cargo técnico en el sector público —como en el caso del Directorio de la CONATEL bajo la Ley Nº 642/95— la «idoneidad en la materia» se entiende como una triple condición indispensable: aptitud técnica, legal y moral.
El derecho administrativo, los perfiles de cargo del Estado y los reglamentos de selección evalúan esta idoneidad a través de cuatro dimensiones concretas:
- 1) Competencia académica (aptitud legal).
- 2) Experiencia comprobada (aptitud técnica).
- 3) Evaluación de capacidades (sistemas de selección).
- 4) Solvencia moral (vínculo ético).
El Directorio de Conatel, sigue en el ojo de la tormenta, en primer lugar, por la adjudicación a tambor batiente del sistema 5G a las empresas Nubicom y Claro y, en segundo lugar, por la pasividad ante el incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), por parte de la empresa salteña Nubicom, para el despliegue de infraestructura y comercialización de la tecnología 5G.
El presidente de la institución, Juan Carlos Duarte Duré, reportó tener estudios terciarios como ingeniero eléctrico, pero su integridad está en entredicho considerando que está bajo investigación por ocultar a la Contraloría General de la República una casaquinta en San Bernardino.
En el 2020 fue blanco de cuestionamientos debido a que la Contraloría detectó un manejo discrecional de G. 34 mil millones entre facturación y recaudación.
Además, entre sus antecedentes figura que ubicó a su propia esposa, Edith Bonifacia Villalba Arce, como jefa de proyectos de universalización, con un salario de casi G. 16 millones. Duarte ocupa el cargo desde el 2019.
Odontólogo y administrador
Neri Filemón González Andino, uno de los miembros del Directorio, es odontólogo cirujano. Percibe entre dieta, gastos de representación, bonificación por el cargo y subsidio familiar, más de G. 37 millones, mensualmente. Está vinculado a la propiedad y dirección de Radio Panambí Verá, de Villarrica.
Otro de los directores que no tiene formación referente a las telecomunicaciones es Julio Ariel Cáceres Vega, quien según reportó a la Contraloría General de la República (CGR) es licenciado en Administración Pública. En la planilla de registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al que tuvimos acceso, se observa que Cáceres Vega se recibió en el Instituto Superior Centuria, casa de estudios que fue blanco de críticas en su momento por otorgar “títulos en tiempo récord”, según publicaciones periodísticas y denuncias de hace unos años. Su remuneración supera los G. 23 millones.
Otro de los directores es Evert Ezquivel Meza, quien hasta abril de 2023, antes de asumir en Conatel, fue gerente de AMX (Claro), una de las empresas adjudicadas con el 5G. En lo que respecta a sus estudios terciarios reportó ser abogado.
Fernando Miguel Machuca Manevy, otro directivo, es abogado. Antes de asumir su cargo en Conatel fue director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, donde aterrizó de la mano de su amigo el ex jefe comunal, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Director bajo investigación judicial
Andrés Isabelino Arrua Rodríguez es el director que figura como ingeniero electrónico. Este directivo tiene un proceso judicial llevado por el juez Humberto Otazú, en una investigación que se realizó en la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
El juicio investiga el pagó por obras que no se terminaron por más de G. 3.200 millones. La investigación gira en torno a supuestos hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal, que también salpicó al actual diputado colorado Esteban Samaniego, en su momento jefe comunal de Quyquyhó.
El director Víctor Antonio Martínez Sánchez es ingeniero electricista y uno de los defensores de la adjudicación de 5G a Nubicom en Paraguay. Este siempre se mostró a favor de la llegada de la pequeña empresa salteña pese a que hasta la fecha no hay certeza de la cantidad de sus abonados ni su facturación de US$ 10 millones requerida.
También había mentido al decir que Nubicom tiene una oficina en el predio de Teisa, en Villa Morra, información que fue desmentida categóricamente por autoridades de Teisa.
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